El Salvador, en estado de indefensión

Dentro de un poco más de seis meses se cumplirá en El Salvador una década desde la firma de un pacto con el que se puso fin a una guerra que duró 12 años. Las negociaciones entre Gobierno e insurgencia fueron auspiciadas por Naciones Unidas (ONU), lo que devino en un proceso democrático consistente, pero que en la actualidad, por la debilidad institucional verificada en materia de derechos humanos, se encuentra en un franco deterioro, según explicaron a EL PAÍS dos importantes personalidades del acontecer político y social de esta pequeña nación centroamericana.

La Procuraduría para la ...

Dentro de un poco más de seis meses se cumplirá en El Salvador una década desde la firma de un pacto con el que se puso fin a una guerra que duró 12 años. Las negociaciones entre Gobierno e insurgencia fueron auspiciadas por Naciones Unidas (ONU), lo que devino en un proceso democrático consistente, pero que en la actualidad, por la debilidad institucional verificada en materia de derechos humanos, se encuentra en un franco deterioro, según explicaron a EL PAÍS dos importantes personalidades del acontecer político y social de esta pequeña nación centroamericana.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) fue una de las instituciones que surgieron tras la rúbrica de los acuerdos de paz, junto a la Policía Nacional Civil (PNC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, la población salvadoreña se encuentra ahora en un estado grave de indefensión por la ausencia, desde hace 15 meses, de la figura del procurador general u ombudsman. "Éste es uno de los varios síntomas de una creciente crisis política nacional, la misma que tiene que ver con el deterioro del proceso de paz", dice Rubén Zamora, prestigioso líder local y de las corrientes moderadas del llamado centro democrático. Zamora fue uno de los gestores del proceso negociador de la paz y con incertidumbre afirma que "la PDDH es uno de los lugares que más ha sufrido este deterioro y creo que se debe a la polarización que existe actualmente y que crecientemente se va desarrollando en el órgano legislativo y, en general, en la vida política del país".

Pese a que culpa tanto a la derecha oficialista como a la izquierda opositora -anti-guos enemigos en la guerra- de esa "polarización", Zamora estima que, "hasta donde he llegado a investigar, los estrategas políticos de Casa Presidencial están tratando de configurar un cuadro en el que el Parlamento sería culpable de la ingobernabilidad, mientras conviene al Ejecutivo que no exista una efectiva labor en materia de derechos humanos". No se puede obviar que en los últimos informes de la misma PDDH, antes de su crisis, se señalaba a la policía como la institución que más violaba los derechos humanos, seguida del órgano judicial.

Por su parte, Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), recordó que la ONU, a través del relator independiente de Derechos Humanos, Pedro Niquen, había advertido en 1994 que la democracia salvadoreña se asentaba en una especie de "trípode" compuesto por un moderno sistema de justicia, la PDDH y la nueva policía: "Si una de estas instituciones falla, la mesa se viene abajo', decía Niquen", recuerda Cuéllar.

"Sin un procurador general y con la falta de confianza que hay en la PDDH por parte de la población, ésta se encuentra en grave indefensión ante las arbitrariedades del Estado, además de que el desarrollo de la institucionalidad democrática se encuentra frenada", añade. En un documento del IDHUCA se señala que, por ejemplo, durante 2000 la PDDH ni siquiera cuestionó la responsabilidad estatal en la propagación del dengue hemorrágico, que se cobró más de 30 muertes, ni de una intoxicación por ingestión de alcohol adulterado, que mató a más de 100 personas.

Más recientemente, la PDDH no ha desempeñado un papel determinante frente los efectos de la violencia generalizada ni a favor de las víctimas de los terremotos frente a las negligencias de construcciones en zonas de riesgo. El último procurador general salvadoreño fue Eduardo Peñate Polanco, quien asumió el cargo el 2 de julio de 1998 y fue obligado a renunciar en marzo de 2000 tras graves denuncias de corrupción, arbitrariedades, ineficiencia y hasta violaciones de los derechos humanos. Es decir, la "orfandad" de la población ha durado prácticamente tres años, mientras crece el descontento social con manifestaciones de desespero y el ejercicio de cierta desobediencia civil que hace recordar tiempos pasados.

"Para muchos Gobiernos, sobre todo europeos, esta preocupación es grande porque era a través de la institucionalidad que se había creado tras la guerra que Europa comienza a tener una nueva relación con El Salvador", finalizó Zamora.