La entidad garantizó a sus tres máximos directivos un plan de pensiones cifrado en 1.600 millones
Además de constatar 'la concentración de riesgos' de El Monte en el sector inmobiliario, el acta de inspección del Banco de España amonesta a la entidad por no contabilizar las consecuencias económicas de tres contratos entre Isidoro Beneroso (con el reflrendo del Consejo de Administración) y los tres máximos directivos de la entidad: el director general, Juan Pedro Álvarez, el director general adjunto, Alberto Alonso y el secretario general, José María Giménez.
'Los tres contratos reconoce a los correspondientes titulares el derecho a percibir unas rentas vitalicias, cuando entre otros...
Además de constatar 'la concentración de riesgos' de El Monte en el sector inmobiliario, el acta de inspección del Banco de España amonesta a la entidad por no contabilizar las consecuencias económicas de tres contratos entre Isidoro Beneroso (con el reflrendo del Consejo de Administración) y los tres máximos directivos de la entidad: el director general, Juan Pedro Álvarez, el director general adjunto, Alberto Alonso y el secretario general, José María Giménez.
'Los tres contratos reconoce a los correspondientes titulares el derecho a percibir unas rentas vitalicias, cuando entre otros circunstancias, cada interesado tenga 25 años de servicio cumplido o si experimentan cambios en su situación laboral en el organigrama de la caja'. En una primera evaluación de las consecuencias de estos contratos, la Inspección del Banco de España llega a la conclusión de estarían en torno a los 1.600 millones, de los que la caja ya había provisionado en 2000 la tercera parte.
En su comunicado, El Monte negó que estos contratos (realizados en 1990 y 1999) supusieran ningún 'blindaje' de los directivos y precisó que garantizaban la dotación de los planes de pensiones de los tres directivos en caso de prejubilaciones. 'Por lo demás, los contratos de los tres primeros directivos responden a criterios similares a los de los contratos de alta dirección de la mayoría de las cajas españolas y solamente en uno de ellos existe un compromiso de indemnización de 90 millones de pesetas'.