Reportaje:

Una pizca de esperanza en el campamento de Sintel

La votación unánime en el Parlamento para que el Gobierno busque una salida a la crisis puede salvar a una empresa que ha sido víctima de depender casi al 100% de Telefónica

La crisis de Sintel ha visto una pizca de luz. La votación unánime de todos los grupos parlamentarios el pasado martes para que el Gobierno busque una salida al futuro de la compañía hace prever a corto plazo un desenlace para una empresa de telecomunicaciones que agoniza en pleno auge de este sector en todo el mundo. El Gobierno del PP y Telefónica (dueña de Sintel hasta abril de 1996, año en que la vendió al grupo cubano de Miami MasTec, que presidía Jorge Mas Canosa) tienen la llave para resolver el devenir de una empresa que en tan sólo 26 años de existencia ha pasado del blanco al negro....

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La crisis de Sintel ha visto una pizca de luz. La votación unánime de todos los grupos parlamentarios el pasado martes para que el Gobierno busque una salida al futuro de la compañía hace prever a corto plazo un desenlace para una empresa de telecomunicaciones que agoniza en pleno auge de este sector en todo el mundo. El Gobierno del PP y Telefónica (dueña de Sintel hasta abril de 1996, año en que la vendió al grupo cubano de Miami MasTec, que presidía Jorge Mas Canosa) tienen la llave para resolver el devenir de una empresa que en tan sólo 26 años de existencia ha pasado del blanco al negro.

En esa trayectoria se ha sucedido un cúmulo de decisiones en cadena, tanto por la empresa como por los sindicatos, que han conducido a la sombría situación actual. Nadie quiere asumir las culpas, y Telefónica y el comité de empresa se acusan mutuamente de haber provocado el cuadro clínico de gravedad extrema.

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Sintel es hoy un cadáver empresarial con un déficit de más de 20.000 millones de pesetas, según recoge el informe de los interventores judiciales; con un expediente aprobado por Trabajo de 796 despidos, la empresa cerrada desde hace meses, los 1.808 trabajadores movilizados en plena calle y nueve nóminas sin cobrar. La presentación del expediente de quiebra es inminente. La plantilla mantiene un pulso con el Gobierno tras permanecer acampados desde el pasado 29 de enero (hace casi tres meses) en el paseo de la Castellana de Madrid frente a los ministerios de Economía y de Ciencia y Tecnología, a los que se reclama que se abra una mesa de negociación entre el Gobierno, Telefónica y el comité para una salida negociada. Al menos en una cosa se está de acuerdo: la solución debe venir desde el campo político, por el deterioro económico de la empresa y la crispación laboral.

Falta de apoyo

El último capítulo de un rosario de adversidades lo ha protagonizado el actual propietario. Carlos Gila, un joven empresario, hijo del que fuera diputado de UCD por Segovia del mismo nombre, compró en febrero por dos euros la empresa al grupo cubano-estadounidense MasTec, presidido ahora por Jorge Mas Santos (tras la muerte de su padre, Jorge Mas Canosa), y acaba de tirar la toalla en la dirección de la empresa al no conseguir la financiación ni los apoyos suficientes para poner en marcha un plan de viabilidad para reactivar la empresa, por supuesto, más adelgazada. Gila, detestado por el comité de empresa por considerarle un testaferro de Telefónica, abre la posibilidad ahora a que alguien asuma la titularidad de las acciones y consiga los apoyos políticos y económicos necesarios para reflotar la compañía. Los intentos de encontrar una solución -que, desde algunas esferas se dan como seguros- no han fructificado, empezando porque Telefónica ya no quiere saber nada, salvo hacer pedidos como un cliente más. Gila, a pesar de contar con un plan de viabilidad, no ha logrado que el Gobierno y Telefónica le hayan hecho caso con ayudas.

El Gobierno hasta ahora ha dado buenas palabras ante la presión de IU y del PSOE, pero no ha encarado el problema con decisión, a pesar del coste político y de imagen que supone el Campamento de la Esperanza en pleno centro de Madrid. Aduce que la empresa fue vendida en abril de 1996 con el último Gobierno del PSOE en funciones. La movilización en el Parlamento de IU y PSOE y los sindicatos CC OO y UGT busca una salida en la que se implique Telefónica como primer cliente. El secretario general de CC OO, José María Fidalgo, tras firmar el pacto de las pensiones con José María Aznar, solicitó al presidente un mayor esfuerzo para resolver la crisis de Sintel. Este hecho y la posible reunión de Fidalgo con el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, en breve plazo permite al comité de empresa algún rayo de esperanza.

Sintel nació en el año 1975 de la fusión de Liena y Sitre, creadas en la década de los cincuenta. La raíz de Sintel está en el problema que tiene Telefónica en 1975 a la hora de abastecerse en el mercado nacional de sistemas y redes de telecomunicaciones. Telefónica crea Sintel como una filial para crear competencia en ese mercado y ante la constancia de que le vendían caro las empresas suministradoras. Desde 1975 hasta 1982, Sintel se dirigía con la figura del administrador único, y es en 1982 cuando se crea la del presidente del consejo, que recae en quien fuera ministro de Interior con UCD, Juan José Rosón. La primera década se desarrolló a buen ritmo y la cartera que le suministra Telefónica le hace crecer. De 1986 a 1988 lo preside Baltasar Aymerich, y la gran demanda del sector permite elevar las ventas desde 18.000 millones a 33.000. Son años de fuerte expansión, pero también el germen de la futura crisis por cuanto la empresa trabaja casi al 100% para Telefónica, sin preocuparse de los precios ni del aumento de costes y plantilla. Según Telefónica, Sintel se acomoda y hace oídos sordos a la incipiente competencia en el sector en cuestión de precios y calidad. Lo que en 1975 era una solución para Telefónica, 12 años después se convertía en un problema. A pesar de que en 1986 perdió un contrato de 1.000 millones para instalar una red de telecomuniaciones en Trípoli (Libia), en el periodo que va de 1988 a 1992, la empresa, presidida por Juan Luis González Haba, mantiene un fuerte ritmo de actividad por el tirón de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Entonces eleva la plantilla hasta las casi 3.000 personas, con unas condiciones ventajosas por la fortaleza sindical. En esa etapa logra llegar a unas ventas de 60.000 millones y, por ello, tiene que apelar a las subcontratas, a la larga, otro error estratégico.

Competencia

La recesión de la economía española de los años 1993 y 1994 asesta el golpe de gracia la empresa. Además, en esa época la introducción de la competencia en el mercado de telecomunicaciones trae problemas de mercado para las operadoras y éstas los trasladan a sus proveedores, como es el caso de Sintel, que dependía casi al cien por cien de Telefónica. Con este panorama, Cándido Velázquez cierra el 26 de abril la venta a MasTec por 4.500 millones de pesetas en una operación bastante opaca que crispa a los sindicatos, que ven el principio del fin de una empresa hasta entonces puntera. El comité cree que Telefónica ha estrujado a su filial cuando lo ha creído conveniente y que después la ha dejado morir cuando no le era útil. Añaden que la venta a Mas Canosa fue una operación política de pago de favores.

Lo cierto es que desde abril de 1996 fue de mal en peor. Mas Canosa siempre tuvo al comité de empresa en contra y no logró negociar un plan de viabilidad en 1997 que contenía el recorte de 1.200 empleos de los 2.000 que tenía. A finales de 1998, el grupo cubano pone la empresa en manos de un grupo de directivos, al frente de los cuales estaba Juan Antonio Casanovas. Es la etapa más negra de la empresa, en la cual se producen 'operaciones bastante opacas de ventas de activos', según han señalado tanto el comité de empresa como el titular de las acciones, Carlos Gila. Este proceso deriva en la suspensión de pagos.

La etapa de Juan Antonio Casanovas ha sido denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción por el comité de empresa en un expediente que va adelante. Ahora Jorge Mas Santos apunta a Telefónica y a los sindicatos como responsables de la crisis actual. Los sindicatos acusan a Telefónica y al Gobierno. Mientras tanto, el drama de los trabajadores sigue, y no se sabe hasta cuándo.

Aspecto del campamento de los trabajadores de Sintel en el paseo de la Castellana en Madrid.ULY MARTÍN

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