El Gobierno recurre la sentencia favorable a los funcionarios
Alega que la Audiencia se excedió
El recurso, formalizado por la Abogacía del Estado, esgrime hasta 13 motivos de casación, entre los que se alega un "exceso en el ejercicio de la jurisdicción" por parte de la Audiencia Nacional, que habría privado de eficacia y derogado tácitamente el artículo 17.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, ya que esa potestad corresponde sólo al Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo alega también que la sentencia vulneró el principio de jerarquía normativa al dar prevalencia a los acuerdos entre Administración y sindicatos frente a la Ley de Presupuestos, cuestión que h...
El recurso, formalizado por la Abogacía del Estado, esgrime hasta 13 motivos de casación, entre los que se alega un "exceso en el ejercicio de la jurisdicción" por parte de la Audiencia Nacional, que habría privado de eficacia y derogado tácitamente el artículo 17.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, ya que esa potestad corresponde sólo al Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo alega también que la sentencia vulneró el principio de jerarquía normativa al dar prevalencia a los acuerdos entre Administración y sindicatos frente a la Ley de Presupuestos, cuestión que habría sido introducida por la Audiencia sin haber sido planteada por las partes en el proceso.
Otro de los motivos de casación aduce la "errónea doctrina" de que el acuerdo de 1994 entre la Administración y los sindicatos vinculaba a las Cortes al aprobar los Presupuestos para 1997.
Según la Abogacía del Estado, la sentencia "interpreta indebidamente" el alcance y contenido del acuerdo Administración-sindicatos de 1994, que estableció un tratamiento diferenciado para los incrementos del año 1995 y los correspondientes a 1996 y 1997. El recurso sostiene que mientras que para 1995 sí se concretaba un incremento efectivo, el acuerdo no contenía una obligación incondicionada de incrementar las retribuciones de los empleados públicos para 1997, sino que señalaba "meros criterios orientadores" de las negociaciones entre la Administración y los sindicatos.