Niebla espesa sobre la corrupción
LA FISCALÍA Anticorrupción cumplirá pronto seis años de existencia. Fue creada en plena conmoción por los escándalos de Mariano Rubio (gobernador del Banco de España) y Luis Roldán (director de la Guardia Civil) como expresión de la voluntad política de las fuerzas parlamentarias de poner coto a los abusos de poder. Al PP, entonces en la oposición, le cabe el mérito de haber sido el patrocinador inicial de la medida. Pero, como ha sucedido con la Fiscalía especial Antidrogas, creada diez años antes, la falta de medios y la escasa colaboración de las administraciones públicas han hecho de la Fi...
LA FISCALÍA Anticorrupción cumplirá pronto seis años de existencia. Fue creada en plena conmoción por los escándalos de Mariano Rubio (gobernador del Banco de España) y Luis Roldán (director de la Guardia Civil) como expresión de la voluntad política de las fuerzas parlamentarias de poner coto a los abusos de poder. Al PP, entonces en la oposición, le cabe el mérito de haber sido el patrocinador inicial de la medida. Pero, como ha sucedido con la Fiscalía especial Antidrogas, creada diez años antes, la falta de medios y la escasa colaboración de las administraciones públicas han hecho de la Fiscalía Anticorrupción un órgano de rimbombante nombre, pero de utilidad limitada.
El diagnóstico que acaba de hacer el fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, sobre las relaciones de la Administración con la fiscalía que dirige no puede ser más pesimista. Salvo contadas excepciones, la colaboración es nula, como si la lucha contra la corrupción no tuviera que ver con otros organismos administrativos que están obligados también a combatirla. Es el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Tribunal de Defensa de la Competencia y del Consejo Consultivo de Privatizaciones, de los que apenas han salido un par de denuncias camino de la Fiscalía Anticorrupción en sus casi seis años de funcionamiento. Villarejo habla de pacto de silencio, de niebla espesa, de erial, e incluso de veto en algún caso concreto, para concluir irónicamente: 'O estamos en una Administración pública angelical o hay un silencio excesivo'.
El hermetismo no es ninguna garantía de probidad, como se demuestra por los casos de presunta corrupción que salpican los medios. Algo falla en las estructuras de las administraciones públicas cuando el fiscal ad hoc se ve obligado a actuar muchas veces a impulsos de noticias de prensa, como ha sucedido con el supuesto uso indebido de fondos europeos para la formación de parados. A la justicia se le pueden buscar las vueltas de muchas maneras para hacerla inoperante. Una de ellas es obstruir su labor con maniobras de diversión, como es el caso de la tramitación del suplicatorio de Berlusconi, al que se ha referido Jiménez Villajero como ejemplo 'de dilación extraordinaria que está poniendo en cuestión la propia capacidad del Poder Judicial'.
Para que la Fiscalía Anticorrupción cumpla con el mandato que el Parlamento le asignó hace seis años necesita asistencia y colaboración de la Administración. Pero combatir la corrupción que se genera en torno al poder no es sólo tarea suya, aunque le corresponda llevarla a los tribunales. Aznar tiene ocasión de demostrar que su inicial entusiasmo por la Fiscalía Anticorrupción no fue instrumental, para golpear a un PSOE debilitado por los escándalos, sino que respondía a fines más altos de regeneración política.