Los obispos piden la regularización de los inmigrantes sin papeles
El Gobierno ha reiterado en las últimas semanas que no habrá nuevos procesos de regularización de inmigrantes en España, por lo que los extranjeros que residen sin documentos se sitúan a las puertas de la expulsión, según la vigente ley. La Conferencia Episcopal mantiene que con la nueva normativa sobre extranjería, que entró en vigor el 23 de enero, los inmigrantes a los que se ha denegado su regularización -al menos 80.000, según los registros oficiales- 'no existen oficialmente y son invisibles en el plano legal'.
El próximo lunes, el Ministerio del Interior enviará a su país a 50 ec...
El Gobierno ha reiterado en las últimas semanas que no habrá nuevos procesos de regularización de inmigrantes en España, por lo que los extranjeros que residen sin documentos se sitúan a las puertas de la expulsión, según la vigente ley. La Conferencia Episcopal mantiene que con la nueva normativa sobre extranjería, que entró en vigor el 23 de enero, los inmigrantes a los que se ha denegado su regularización -al menos 80.000, según los registros oficiales- 'no existen oficialmente y son invisibles en el plano legal'.
El próximo lunes, el Ministerio del Interior enviará a su país a 50 ecuatorianos que ahora viven sin papeles en Lorca (Murcia) y que se han acogido a la oferta de retorno voluntario. El Gobierno español, que costeará el viaje en avión, garantiza que estos inmigrantes regresarán a España en tres semanas con permisos de trabajo en regla.
Mientras, el socialista Pasqual Maragall estudia sumarse a las iniciativas de los presidentes de Aragón y Baleares para apoyar un recurso contra la Ley de Extranjería ante el Tribunal Constitucional. El Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña ha emitido un informe en el que considera inconstitucionales al menos tres artículos de la ley que impiden el ejercicio de varios derechos fundamentales a los inmigrantes sin papeles.
El secretario general de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, resolvió ayer que el grupo parlamentario no recurrirá la ley.
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