La Audiencia admite a trámite el recurso del Gobierno por la sentencia de los funcionarios
La Audiencia Nacional se ratifica en que contra la sentencia no cabía recurso de casación 'por tratarse de una cuestión de personal', y recuerda al Gobierno que esa calificación de 'cuestión de personal' fue 'pacíficamente aceptada por las partes, pues la tramitación del proceso se realizó por el cauce legal previsto para este tipo de asuntos sin oposición por el demandante ni por el abogado del Estado'. Pese a ello, y 'para garantizar la tutela judicial efectiva', admite tramitar el escrito de interposición de recurso del Gobierno.
CC OO alegará en esta primera fase ante el Supremo que...
La Audiencia Nacional se ratifica en que contra la sentencia no cabía recurso de casación 'por tratarse de una cuestión de personal', y recuerda al Gobierno que esa calificación de 'cuestión de personal' fue 'pacíficamente aceptada por las partes, pues la tramitación del proceso se realizó por el cauce legal previsto para este tipo de asuntos sin oposición por el demandante ni por el abogado del Estado'. Pese a ello, y 'para garantizar la tutela judicial efectiva', admite tramitar el escrito de interposición de recurso del Gobierno.
CC OO alegará en esta primera fase ante el Supremo que no cabe la admisión del recurso de casación porque 'así lo entendió' el Alto Tribunal cuando 'se inhibió de conocer el asunto'. La demanda del sindicato fue presentada en un principio ante el Supremo. CC OO argumentará también que si 'la parte demandada entendía que no era materia de personal, lo tenía que haber alegado antes'. El Supremo, si acepta el recurso, volverá a convocar a las partes para que aleguen sobre el fondo del asunto.
En principio, si el recurso es admitido por el Supremo, recaerá en la Sección Tercera, que se ocupa de los que afectan a acuerdos con el Ministerio de Administraciones Públicas, informa Europa Press. Esa sección está presidida por Fernando Ledesma, ex ministro de Justicia con el PSOE, y de ella forman parte los magistrados Eladio Escusol, Óscar González, Segundo Menéndez y Francisco Trujillo.
La respuesta del Gobierno ante los tribunales en su objetivo de paralizar la aplicación de la sentencia es simultánea a la de los grupos de oposición que van a presionar al máximo al Ejecutivo en el Parlamento para que inicie un diálogo con los sindicatos para 'restablecer el derecho de negociación colectiva'. Este argumento figura en cinco de las seis proposiciones no de ley presentadas en el Congreso a las que el PP tendrá que hacer frente el próximo martes. PSOE, IU y varios partidos del Grupo Mixto comparten esta tesis. CiU prefiere 'esperar a conocer el resultado de los posibles recursos planteados'.
PSOE, IU, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana y Bloque Nacionalista Galego coinciden en la necesidad de que el Ejecutivo ponga en marcha 'una efectiva negociación' con los sindicatos y habilite las medidas presupuestarias pertinentes para el cumplimiento efectivo de la sentencia, tal y como escribe el portavoz socialista de Administraciones Públicas, Ángel Martínez Sanjuán, en su proposición no de ley.
Los sindicatos aseguraron ayer que el Gobierno incumplió la ley y ahora está presionando a los tribunales. El secretario general de CC OO, José María Fidalgo, aseguró en León que 'el Gobierno está incumpliendo la legalidad vigente', informa Marifé Moreno. En Madrid, su homólogo de UGT, Cándido Méndez, dijo que 'en 1996 el Gobierno mandó [a las Cortes] un proyecto de Presupuestos que era ilegal'.
CC OO volvió a enfrentarse ayer al Gobierno del PP en los tribunales. Sus federaciones del área pública presentaron en los juzgados centrales de lo Contencioso-administrativo un recurso contra la movilidad geográfica que ha impuesto el Ejecutivo en los Presupuestos para este año. Comisiones alega que la Administración tenía el deber de negociar con los sindicatos esta medida, según la ley 7/90 sobre Función Pública. Pero el Gobierno se limitó a anunciarles su decisión el 4 de diciembre.
La reforma de la movilidad geográfica, que se introdujo a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de este año, establece que todo funcionario puede ser trasladado dentro de su provincia. Para CC OO, el problema es que ahora esa movilidad se puede decretar 'sin garantías', pues no es necesario el consentimiento del trabajador. 'Damos por fracasado el diálogo social en la función pública', concluyó Carlos Sánchez, responsable del área pública del sindicato.