El Supremo investiga la legalidad de la prórroga del peaje de la A-4
El Supremo tramita el recurso interpuesto por la Diputación contra el acuerdo del Consejo de Ministros, que en 1999 acordó conceder 13 años más de explotación privada de esta carretera. Sin la prórroga actual, la carretera habría quedado libre en 2006. En cambio, seguirá siendo de pago hasta el 2019.
Agustín Ignacio Arias, Gabino Botija y Ramón Cerón son los economistas auditores de cuentas que han jurado ya sus cargos ante el Supremo. Una vez que conozcan la documentación, establecerán un plazo para la presentación del dictamen, que podrá ser conjunto o individual. El presidente de la...
El Supremo tramita el recurso interpuesto por la Diputación contra el acuerdo del Consejo de Ministros, que en 1999 acordó conceder 13 años más de explotación privada de esta carretera. Sin la prórroga actual, la carretera habría quedado libre en 2006. En cambio, seguirá siendo de pago hasta el 2019.
Agustín Ignacio Arias, Gabino Botija y Ramón Cerón son los economistas auditores de cuentas que han jurado ya sus cargos ante el Supremo. Una vez que conozcan la documentación, establecerán un plazo para la presentación del dictamen, que podrá ser conjunto o individual. El presidente de la Diputación, el socialista Rafael Román, se mostró ayer convencido de que los expertos le darán la razón a la institución provincial. 'Tenemos muchas esperanzas en que el dictamen de estos tres economistas auditores de cuentas venga a demostrar que hubo por parte del Gobierno, es nuestra opinión, un interés en beneficiar de manera abusiva a la empresa Aumar [ahora denominada Aurea]', dijo. La A-4 es la única carretera de pago de Andalucía que no dispone de una autovía alternativa gratuita.
La Diputación de Cádiz basa su recurso en la supuesta existencia de varias irregularidades en el trámite de prórroga acordado por el Ejecutivo del PP en la anterior legislatura. En su escrito destaca que con la última prórroga concedida -los anteriores gobiernos del PSOE autorizaron otras dos-, la concesión total se prolonga varios meses por encina del tope de 50 años que establece la ley como máximo. Arguye, igualmente, que la decisión del Consejo de Ministros se produjo sin que existiera un informe, que justificara y argumentara que con esa decisión no se modificaba el equilibrio económico financiero de la concesión. La tramitación del informe preceptivo se hizo en un plazo de tiempo muy reducido y cuando ya había sido convocado el Consejo de Ministros en el que se abordaría la concesión de la prórroga, según el recurso de la Diputación.