El PP da marcha atrás y mantiene en Málaga la inspección de Urbanismo
El gobierno de Málaga, del PP, modificó ayer a última hora el nuevo organigrama de la Gerencia de Urbanismo que tres días antes presentó el concejal del área, Manuel Ramos, manteniendo el Servicio de Inspección, cuya desaparición había provocado las críticas de la oposición.
Tanto PSOE como IU habían cuestionado la idoneidad de suprimir esta área en pleno desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana y tras el anuncio del gobierno local de potenciar la inspección ante la avalancha de denuncias por infracciones urbanísticas en la ciudad, entre ellas varias que implicaban a ediles o fa...
El gobierno de Málaga, del PP, modificó ayer a última hora el nuevo organigrama de la Gerencia de Urbanismo que tres días antes presentó el concejal del área, Manuel Ramos, manteniendo el Servicio de Inspección, cuya desaparición había provocado las críticas de la oposición.
Tanto PSOE como IU habían cuestionado la idoneidad de suprimir esta área en pleno desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana y tras el anuncio del gobierno local de potenciar la inspección ante la avalancha de denuncias por infracciones urbanísticas en la ciudad, entre ellas varias que implicaban a ediles o familiares. Pese al cambio, el PP sacó la propuesta adelante sin respaldo de la oposición.
Manuel Ramos, reconoció ayer que la inclusión de este Servicio de Inspección había sido una concesión a la oposición para evitar críticas, y restó importancia al hecho. 'La decisión de crear una jefatura específica para disciplina urbanística era un síntoma de que se potenciaba esta área, pero, para evitar recelos, hemos decidido mantener ese servicio', relató.
El nuevo organigrama, que duplica el número de jefaturas -se crean 46 nuevas-, fue duramente censurado por el comité de empresa de Urbanismo, cuyos representantes acusaron al gerente, Eduardo Larraz, de configurarlo a sus espaldas. El comité denunció criterios arbitrarios en los nombramientos y criticó que sólo se hubiese consultado a los jefes de departamento, 'funcionarios que han demostrado su incapacidad para dirigir y organizar sus respectivas áreas'.
También el departamento de Intervención ha cuestionado el organigrama, al considerar que no existe una previsión sobre el coste real de los nombramientos -en 16 millones lo fija el gerente en su propuesta-, así como por el hecho de que incluya un negociado de contabilidad que el alto funcionario municipal entiende que podría restarle competencias. Larraz respondió ayer que este negociado ya existía en el anterior organigrama.