111 jueces en huelga de celo echan un pulso al Gobierno

Un total de 111 jueces de Madrid (74 de primera instancia y 37 de lo social) mantienen una huelga de celo y se niegan a redactar sentencias por las tardes en sus casas, como hacían hasta ahora. Los jueces, según explicó ayer el decano, Fernando Fernández, reivindican que el Gobierno 'cumpla la tabla salarial', es decir, que les suba el sueldo. Con su actitud pretenden echar un pulso al Ejecutivo.

Los magistrados han decidido limitar su trabajo al horario laboral (37,5 horas semanales) y no llevarse tareas a casa, lo que, con seguridad, colapsará aún más la justicia civil. Los jueces de ...

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Un total de 111 jueces de Madrid (74 de primera instancia y 37 de lo social) mantienen una huelga de celo y se niegan a redactar sentencias por las tardes en sus casas, como hacían hasta ahora. Los jueces, según explicó ayer el decano, Fernando Fernández, reivindican que el Gobierno 'cumpla la tabla salarial', es decir, que les suba el sueldo. Con su actitud pretenden echar un pulso al Ejecutivo.

Los magistrados han decidido limitar su trabajo al horario laboral (37,5 horas semanales) y no llevarse tareas a casa, lo que, con seguridad, colapsará aún más la justicia civil. Los jueces de primera instancia tardan ahora en resolver sus casos en torno a ocho meses. El atasco más importante está en la Audiencia de Madrid, donde hay 30.000 asuntos pendientes de resolución.

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En Madrid hay en la actualidad algo más de 210 jueces unipersonales. Esta huelga de celo, que también desarrollan jueces de otras provincias, coincide en el tiempo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que impone la presencia del juez en todos los actos que se celebren en su juzgado (la inmediación judicial).

Aparte de la huelga de celo,los jueces de primera instancia (los que llevan los pleitos civiles: subastas, impagos de deudas, de alquileres, separaciones, divorcios) han extendido su pulso al Ministerio de Justicia y también se niegan a nombrar a los trabajadores interinos que salgan de la bolsa de trabajo y 'que no estén formados para llevar a cabo la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil', que entró en vigor la semana pasada.

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