Una democracia 'adhesiva' JOAN B. CULLA I CLARÀ

Figura en los libros como el "pacto de El Pardo", aunque al parecer debiera habérsele llamado "pacto de la Castellana". Se trató, en todo caso, del acuerdo verbal sellado en noviembre de 1885 entre Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta según el cual, y en adelante, sus respectivos partidos -el conservador y el liberal- se irían alternando de manera regular y pacífica en la gobernación del Estado, sin necesidad de las algaradas o los pronunciamientos que habían sido, durante el medio siglo anterior, la palanca de cualquier cambio político. La intención de ambos próceres era impl...

Figura en los libros como el "pacto de El Pardo", aunque al parecer debiera habérsele llamado "pacto de la Castellana". Se trató, en todo caso, del acuerdo verbal sellado en noviembre de 1885 entre Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta según el cual, y en adelante, sus respectivos partidos -el conservador y el liberal- se irían alternando de manera regular y pacífica en la gobernación del Estado, sin necesidad de las algaradas o los pronunciamientos que habían sido, durante el medio siglo anterior, la palanca de cualquier cambio político. La intención de ambos próceres era implantar en España algo semejante al celebrado bipartidismo inglés, pero la cosa no pasó de remedo o caricatura porque, a diferencia de su modelo británico, la alternancia canovista-sagastina se basaba en el fraude electoral sistemático y en la exclusión y la marginación de todas las demás fuerzas políticas, que no eran pocas ni irrelevantes.Por mucho que proporcionase a España algunas décadas de quietud impuesta y de estabilidad ficticia, aquel falso bipartidismo dinástico de liberales y conservadores, cobijados bajo el paraguas legal de la Constitución de 1876, fue en términos históricos desastroso para el país: al favorecer el caciquismo y la adulteración del sufragio, retrasaba el desarrollo político de los españoles, su aprendizaje de la democracia y su renuncia a las soluciones de fuerza; al no brindar perspectivas de integración política a sectores ideológicos y sociales cada vez más numerosos (carlistas, republicanos, más tarde socialistas, nacionalistas periféricos...), los empujaba hacia la radicalización y erosionaba todavía más las ya frágiles bases del régimen, propiciando su caída a medio plazo.

Sin embargo, y a pesar de antecedentes tan poco brillantes, el ideal del bipartidismo perfecto, el sueño de que la política española fuese sólo cosa de dos sigue gozando de un prestigio y un predicamento notables en nuestra vida pública. La pluralidad partidista y territorial del último antifranquismo, y también la división del transfranquismo entre AP y UCD, impidieron materializar ese sueño en 1977-1979, y por consiguiente el bloque de la constitucionalidad, con sus flecos economicosociales (estoy pensando en los pactos de La Moncloa de octubre de 1977, por ejemplo), no se compusieron a dos voces, sino en clave polifónica. No obstante, desde entonces acá y sobre todo en legislaturas sin mayoría absoluta, tanto articulistas como barones de partido han defendido la conveniencia de una reforma electoral y hasta de un compromiso informal, a lo Cánovas-Sagasta, que asegure al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español una cómoda alternancia en el poder y los libere de eventuales servidumbres a fuerzas políticas menores, máxime si éstas son de carácter nacionalista periférico.

A mi juicio, este reflejo totalizante de los dos grandes partidos estatales, esta tendencia a creer que, representando al 80% de los votantes, poseen no sólo la consiguiente legitimidad democrática, sino también el monopolio de la razón y casi la verdad absoluta, se ha exteriorizado de un modo inquietante alrededor del pacto antiterrorista que el PSOE y el PP firmaron la pasada semana. Y ahora no me refiero ya al tono de ultimátum con el que conminan al nacionalismo vasco pacífico a abjurar de sus herejías, sino a la prepotencia con la que exigen a las restantes fuerzas políticas, sean estatales o autonómicas, su adhesión ciega y muda al famoso documento; a un documento que, con apenas 15 días de edad, parece ya tan sagrado e irreformable como las leyes de Licurgo.El pasado 12 de marzo, los votos de los ciudadanos dieron presencia parlamentaria en las Cortes Generales a una docena de formaciones políticas distintas que, aun con una representatividad cuantitativa muy desigual, poseen todas una legitimación democrática de idéntica cualidad -recordemos que Herri Batasuna / Euskal Herritarrok tuvo el buen gusto de no concurrir a esos comicios.

Así las cosas, si se quería alcanzar un pacto que poseyera la fuerza simbólica de la unanimidad, lo procedente era, sin desdoro de la primacía del PP y el PSOE, incorporar al proceso de discusión del texto a todos los partidos parlamentarios, de modo que todos pudieran luego sentirlo como propio. En lugar de eso, los dos grandes exigen de aquellos a los que antes excluyeron que entren ahora en el pacto por la gatera de una adhesión humillante y sin derechos, dejando en ella mechones de su dignidad política. Y cuando, lógicamente, se muestran remisos a hacerlo, entonces se les coacciona con insinuaciones de complicidad o de tibieza respecto del terrorismo: Izquierda Unida asumió en su última asamblea ¡el derecho de autodeterminación para el País Vasco!, y en cuanto al Bloque Nacionalista Galego y a Convergència i Unió, ya se sabe que tienen suscrita con el Partido Nacionalista Vasco la nefanda Declaración de Barcelona...

Que el Partido Popular se lance a fondo por un terreno tan yermo de valores democráticos no es, desgraciadamente, ninguna sorpresa, a la luz de sus decisiones en tantos otros ámbitos, desde la política de extranjería a los indultos, pasando por la concesión de licencias de televisión o las reformas educativas. Pero, ¿qué hace ahí el esperanzador PSOE de Rodríguez Zapatero? ¿No hay nadie -Maragall, Antich, Iglesias, Pérez Touriño..., quien sea- que pueda convencerle de frenar este despropósito?