No desandar lo andado
Las decisiones de los jueces de Vitoria han devuelto el debate sobre los jugadores comunitarios B al plano estrictamente jurídico. Fue una decisión jurídica de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) la que el 13 de octubre fue bruscamente trasladada a la arena del debate político. El pronunciamiento de la autoridad judicial no puede ser más claro: la ACB aplicó los convenios internacionales suscritos por el Estado español sin necesidad de que nadie le autorizara para ello porque estos tratados son normas jurídicas de aplicación directa.Resituados en el terreno del que nunca debimos...
Las decisiones de los jueces de Vitoria han devuelto el debate sobre los jugadores comunitarios B al plano estrictamente jurídico. Fue una decisión jurídica de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) la que el 13 de octubre fue bruscamente trasladada a la arena del debate político. El pronunciamiento de la autoridad judicial no puede ser más claro: la ACB aplicó los convenios internacionales suscritos por el Estado español sin necesidad de que nadie le autorizara para ello porque estos tratados son normas jurídicas de aplicación directa.Resituados en el terreno del que nunca debimos salir, los nuevos pronunciamientos se suman a los precedentes judiciales en cuestiones trascendentales, como son:
a) La naturaleza privada de las Federaciones y las Ligas, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional.
b) La no necesidad de acudir al Tribunal de Luxemburgo por cuanto la aplicabilidad del derecho comunitario no plantea dudas.
c) El derecho de los trabajadores que se deriva de los tratados comunitarios sólo puede ser interpretado por los jueces y tribunales, no por la Administración.
Hay que valorar la importancia de este contundente posicionamiento teniendo en cuenta que las defensas jurídicas de todas las partes contrarias a la ACB y a los jugadores, es decir, la Federación Española de Baloncesto (FEB), la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), se han limitado a instalar un campo de minas en forma de obstáculos y excepciones dentro del procedimiento judicial con el único objeto de alargar en el tiempo el resultado final de una sentencia que obviamente no desean.
La reacción a las resoluciones judiciales continúa en la línea de negarse a afrontar la realidad cuando federativos y sindicalistas advierten de que hay pronunciamientos contradictorios. Pero ello no es cierto, como saben bien los propios defensores de la tesis. En primer lugar, porque, a diferencia del baloncesto, ni el juez del caso del futbolista ruso del Oviedo ni el del balonmanista tunecino del Ciudad Real hicieron valoraciones sobre el fondo del litigio, limitándose a no aceptar las demandas por problemas formales. Y en segundo, porque nos referimos a países y convenios distintos. No siendo, pues, casos iguales, es imposible que exista contradicción.
En cambio, la realidad tangible la constituye una pluralidad de resoluciones judiciales ejecutivas, la posición de todos los fiscales intervinientes en los distintos procedimientos, comunicaciones de comisarios de la UE, y todos ellos concluyen que no puede haber discriminación para los trabajadores de los países con convenio cuando estén legalmente en España y que denegar a éstos la licencia deportiva supondría lesionar un derecho fundamental.
En mi opinión, la FEB, que empezó asumiendo un sorprendente papel de mediadora entre las partes al tiempo que era la responsable del conflicto al interponer el recurso ante el CSD, debería asumir que la defensa del baloncesto no se identifica sólo con los intereses de los jugadores, sino con el resto de los sujetos que la integran, entre los cuales los clubes son una parte esencial. Y la ABP debería intentar asumir que la competencia siempre es buena y que sólo el mediocre la teme, al tiempo que hay todavía muchas otras cuestiones en las que puede defender los legítimos intereses de sus afiliados.
Cuando se dice que la oposición frontal a la aceptación de estos jugadores se basa en evitar el desastre que supondría su equiparación a los comunitarios tan sólo hay que recordar, y también asumir, que la próxima ampliación de la UE hará innecesaria esta discusión porque son estos países precisamente los candidatos al ingreso.
Desde esta perspectiva se antoja más útil ir trabajando teniendo en cuenta un futuro cuyo diseño está más que anunciado y definir los objetivos y el papel de cada uno en el sistema deportivo: la autonomía del deporte profesional, la solidaridad con el deporte de formación, el sometimiento a los principios del derecho son, sin duda, algunos de los parámetros del futuro. No parece probable que un deporte cada vez más profesional desande lo andado, de la misma manera que no es hoy creíble un retorno a las economías de escala local..
Jordi Bertomeu es director ejecutivo de la Euroliga de baloncesto