Interior investigaba "desde hace tiempo" a vecinos del inmueble donde vivía Casado
El Ministerio del Interior investigaba "desde hace tiempo" a vecinos del inmueble de Vitoria en el que vivía el funcionario de prisiones Máximo Casado, asesinado por ETA el pasado domingo, según aseguró ayer el titular del departamento, Jaime Mayor Oreja, después de que el senador socialista Javier Rojo culpara a unos vecinos de colaborar en el crimen. Mayor se negó a dar más datos con el siguiente argumento: "Si yo como ministro dijera que tales vecinos son colaboradores, se podría dar el pánico en la ciudad". No obstante, el ministro agregó que él conocía los mismos datos que Rojo.
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El Ministerio del Interior investigaba "desde hace tiempo" a vecinos del inmueble de Vitoria en el que vivía el funcionario de prisiones Máximo Casado, asesinado por ETA el pasado domingo, según aseguró ayer el titular del departamento, Jaime Mayor Oreja, después de que el senador socialista Javier Rojo culpara a unos vecinos de colaborar en el crimen. Mayor se negó a dar más datos con el siguiente argumento: "Si yo como ministro dijera que tales vecinos son colaboradores, se podría dar el pánico en la ciudad". No obstante, el ministro agregó que él conocía los mismos datos que Rojo.
Mayor Oreja, en declaraciones a Antena 3 TV, explicó que Interior "hace tiempo que está investigando" en el bloque de casas en el que vivía el asesinato, a pesar de lo cual, agregó que, "lamentablemente, no se ha podido evitar el atentado". El ministro reprochó a Rojo que hiciera publicas sus sospechas sobre la presunta implicación de los vecinos de Casado, por una cuestión de prudencia y para no dar pistas sobre las líneas de investigación.El senador socialista, por su parte, se volvió a referir ayer a los vecinos de la última víctima de ETA: "En esta zona de Vitoria están pasando demasiados altercados, pintadas, violencia encubierta contra personas; y en este caso, contra un funcionario de prisiones". El dirigente socialista lamentó "la excesiva impunidad" y el "excesivo silencio" que hay en Euskadi. "Toleramos demasiadas cosas, hay excesiva impunidad cuando uno tiene que aguantar que haya gente que diga 'ETA mátalos'. A esas personas se les conoce y eso no se puede tolerar. Cuando esto se tolera, tenemos una sociedad fracasada", añadió a Radio Nacional.
Querella contra Rojo
La familia aludida por Rojo ha anunciado que va a presentar una querella por calumnias contra el dirigente socialista, según aseguró ayer el coordinador de Gestoras Pro Amnistía en Álava, Iker Zubia. Dicha familia está estudiando querellarse también contra el Mayor Oreja por las declaraciones efectuadas en el mismo sentido.El ministro del Interior manifestó que los últimos atentados confirman que ETA va a mantener su actual ofensiva y que está diversificando sus objetivos. Mayor lamentó "la imposibilidad física de dar protección a 40 millones de españoles". Incluso dijo que tras el "lamentable debate de los fiscales de Andalucía" -abierto tras conocerse que el asesinado fiscal jefe andaluz, Luis Portero, no había recibido escolta policial- él mismo pensó que pasaría si ETA mataba a un funcionario de prisiones. "No podemos ir saltando de colectivo en colectivo en función del último atentado", subrayó.
Precisamente ayer los funcionarios de prisiones solicitaron la convocatoria urgente de la mesa de seguridad para debatir nuevas medidas de protección para los funcionarios que trabajan en las cárceles. Los representantes de las centrales Comisiones Obreras, UGT, ACAIP y CSIF ya habían pedido dicha convocatoria al director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, tras la ofensiva etarra en Andalucía.
Los funcionarios disponen de manuales de autoprotección (impresos en la cárcel de Valdemoro, en Madrid, en talleres donde trabajan presos), cobran complementos un complemento específico si trabajan en el País Vasco (más los de Martutene, porque hasta ahora sólo habían sido asesinados funcionarios de dicho penal) e incluso pueden tener un mes más de vacaciones, llamadas psicológicas.
Más amenazados
Ángel Párraga, responsable de prisiones del sindicato Comisiones Obreras, explicó ayer que Casado no era el único funcionario de prisiones hoy día amenazado en el País Vasco: "Hay más compañeros amenazados directamente en Martunete y Nanclares de la Oca, incluso algunos de ellos delegados sindicales".Las investigaciones policiales sobre el asesinato de Máximo Casado, de 44 años, con una bomba lapa adosada a los bajos de su vehículo particular siguen su curso. El artefacto estaba compuesto por entre 1,5 y 2 kilos de titadine, un tipo de dinamita que la banda viene utilizando desde que sustrajera a finales de 1999 ocho toneladas de dicho material en una fábrica de explosivos de Plevin (Francia).
A pesar de que la mayor parte del explosivo fue recuperado, ETA ha ido tirando para alguno de sus atentados con coche bomba de las entre una y dos toneladas de Titadine que no han podido ser recuperadas. El citado explosivo ya fue utilizado recientemente en el territorio de Álava, en el pasado mes de julio, cuando dos artefactos destrozaron sendos cajeros de la Caja Vital, los días 19 y 27, en dos acciones atribuidas a la organización terrorista ETA.