El Síndic de Greuges recuerda a la Generalitat que debe garantizar el uso del valenciano

La Administración valenciana debe "extremar" las medidas que permitan superar las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos para ejercer su derecho a utilizar el valenciano en sus relaciones con los organismos públicos. Es una de las recomendaciones que el Síndic de Greuges, Luis Fernando Saura, hace en su informe de gestión correspondiente al año 1999, que ayer entregó en las Cortes Valencianas. La Sindicatura atendió ese año 1.606 quejas, en su mayor parte relacionadas con problemas en la enseñanza, el urbanismo y el valenciano.

La Sindicatura de Greuges tramitó el año pasado...

La Administración valenciana debe "extremar" las medidas que permitan superar las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos para ejercer su derecho a utilizar el valenciano en sus relaciones con los organismos públicos. Es una de las recomendaciones que el Síndic de Greuges, Luis Fernando Saura, hace en su informe de gestión correspondiente al año 1999, que ayer entregó en las Cortes Valencianas. La Sindicatura atendió ese año 1.606 quejas, en su mayor parte relacionadas con problemas en la enseñanza, el urbanismo y el valenciano.

La Sindicatura de Greuges tramitó el año pasado 1.606 quejas, a las que hay que añadir unas 300 pendientes del ejercicio de 1998. Las referidas a la enseñanza (373 quejas), las relacionadas con el urbanismo (299) y las que tienen que ver con el valenciano (286) han centrado el trabajo de la institución. El propio Síndic, Luis Fernando Saura, precisó ayer que las quejas relativas al uso del valenciano y la normalización lingüística destacan como "un capítulo importantísimo" en el trabajo de la institución el pasado año. Por eso, el informe del Síndic recuerda que la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, aprobada por las Cortes Valencianas en 1983, preveía un plazo de tres años -"ampliamente superado", precisa- para que el uso y la enseñanza del valenciano, por lo que respecta a las administraciones públicas, sean reales y efectivos. Y añade que por eso, desde su creación, hace siete años, han sido "constantes" las recomendaciones de la Sindicatura de Greuges para que se "extremen las medidas para aminorar, hasta su total superación, las dificultades existentes y conseguir, por tanto, la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a utilizar el valenciano en sus relaciones con los diversos organismos púbicos". El informe señala que hay quejas de valencianohablantes que "continúan encontrando obstáculos para relacionarse en valenciano con los organismos públicos, y se ven defraudados en el ejercicio de sus derechos lingüísticos reconocidos constitucional y estatutariamente".

Al respecto, el informe presentado ayer en las Cortes se detiene de forma especial en las quejas recibidas por la inexistencia de impresos normalizados -bilingües- en los registros civiles. "La Dirección General de los Registros y del Notariado, del Ministerio de Justicia, no ha previsto formularios o modelos en las dos lenguas oficiales para ninguno de los expedientes que se tramitan en los registros civiles", señala el informe, que insta a las administraciones autonómica y central a alcanzar los acuerdos necesarios para garantizar el derecho de los ciudadanos a utilizar el valenciano en el Registro Civil.

Por otra parte, y tal como señaló Saura, la educación "se lleva la palma" de las quejas presentadas, sobre todo en materia de infraestructuras, en lo referente a la implantación de la LOGSE y a la escolarización en valenciano. Y en este apartado, el Síndic se refirió a la "falta de respuesta" por parte de la Administración, que no siempre atiende las peticiones de información que tramita la institución a raíz de las quejas que presentan los ciudadanos.

Una circunstancia que motiva una petición de ayuda a las Cortes Valencianas por parte del Síndic, ante la falta de colaboración de algunas administraciones, que, incluso, han mostrado una actitud "hostil, entorpecedora o inadecuada".

Saura consideró "altamente favorable" el aumento de quejas respecto al año anterior, ya que además de haberse resuelto la mayoría, "ha servido para dar a conocer más la institución y que ésta haya penetrado más en el tejido social de la Comunidad Valenciana". No obstante, un estudio encargado este año por la Sindicatura indicaba que sólo un 3,7% de la población valenciana conoce su existencia.