Parte de la derecha francesa propone pasar la página de la corrupción

Los estragos causados por el "testamento" del difunto financiero del partido neogaullista, un vídeo hecho público la semana pasada que implica al presidente francés, Jacques Chirac, en la financiación irregular, se agrandan. El abogado de la familia Chirac y diputado de la Unión por la República (RPR), Patrick Devedjian, ha propuesto buscar el modo de "pasar la página de la corrupción", considerando saludable "una amnistía en ciertas condiciones".

Otra figura destacada del neogaullismo, Philippe Seguin, que batalla para ser el candidato de la derecha a la alcaldía de París, propone un "...

Los estragos causados por el "testamento" del difunto financiero del partido neogaullista, un vídeo hecho público la semana pasada que implica al presidente francés, Jacques Chirac, en la financiación irregular, se agrandan. El abogado de la familia Chirac y diputado de la Unión por la República (RPR), Patrick Devedjian, ha propuesto buscar el modo de "pasar la página de la corrupción", considerando saludable "una amnistía en ciertas condiciones".

Otra figura destacada del neogaullismo, Philippe Seguin, que batalla para ser el candidato de la derecha a la alcaldía de París, propone un "arrepentimiento general" de los políticos para poder "pasar la página" de la corrupción, sin permitir que "dentro de veinte años sigamos como ahora". Los socialistas, que pagaron un alto coste por la amnistía votada en 1990 para borrar los hechos oscuros del mitterrandismo, se apresuraron a contestar que de amnistía, nada. Y las autoridades del partido neogaullista se desmarcaron enseguida de la propuesta: "¿Pero quién habla aquí de amnistía? Desde luego, el partido, no", replicaba anoche su presidenta, Michele Alliot-Marie, mientras el jefe parlamentario del RPR, Jean-Louis Debré, se revolvía contra el primer ministro socialista, Lionel Jospin, acusándole de permitir "groseras manipulaciones" y de "evadir sus responsabilidades" en el asunto de la difusión del testamento. Al mismo tiempo citó a la justicia como la institución que debe actuar.Y ése es precisamente el problema: saber si la justicia será capaz de esclarecer una cosecha de 900 a 1.000 millones de pesetas anuales en efectivo, siete años seguidos, a través de la construcción de obras públicas en París y en un sistema montado presuntamente "al servicio de Chirac", según el autor del testimonio. Mal deben ver las cosas algunas personas dentro de la derecha para evocar tan pronto una posible amnistía.Al menos hay ocho sumarios abiertos en Francia que relacionan dinero y política, a los que podrían seguir otros derivados del vídeo-testamento de Méry. Las investigaciones en curso afectan mayoritariamente al RPR (aunque el próximo lunes también está convocado el secretario general del Partido Comunista, Robert Hue, ante el Tribunal Correccional de París, por un asunto que implica a la Compañía General de Aguas con gabinetes vinculados a su partido). Otra de las causas sobre el Ayuntamiento de París tiene como presuntos implicados al ex primer ministro Alain Juppé y al propio Chirac, pero la inmunidad atribuida a éste ha dejado paralizado el sumario. Chirac es de facto el jefe de la oposición, pero de iure se trata del presidente de la República; se alega la inmunidad acordada para su persona por la Comisión Constitucional, pero la opinión pública desea que el jefe del Estado se explique. No ha bastado su culta cita de Rimbaud -todo era una "historia abracadabrantesca", dijo- para descalificar el nuevo testimonio acusatorio. Chirac debería explicarse ante la justicia, según el 70% de los consultados en un sondeo de L´Express; otro de La Parisien refleja que el 53% le considera el peor parado, por encima del 33% que apunta a Jospin.

El abogado y diputado Devedjian, que lanzó la idea del perdón y cuenta nueva, la matizó a las pocas horas: puesto que la justicia investiga a todos los partidos, "el presidente de la República, que es el guardián de las instituciones, podría llamar a los dirigentes de todos los partidos y es imaginable que el Tribunal de Cuentas se dirigiera a cada uno de ellos para asegurarse de que las prácticas del pasado han cesado definitivamente. Sólo al término de ese proceso podría contemplarse la posibilidad de una amnistía".

El atasco, la impotencia, tienen su colofón en las declaraciones de Valéry Turcey, el presidente de la principal asociación de magistrados, quien ha dicho que para "reventar el absceso", la solución debería ser "una comisión nacional de investigación, independiente de los partidos políticos y del Ejecutivo" que "ponga las cartas sobre la mesa, de una vez por todas".