"Hay que hacer un esfuerzo para reducir las cotizaciones sociales"

El primer partido de la oposición quiere hacer de la política económica su principal caballo de batalla y este diputado por Castellón ha salido del reciente congreso socialista con la responsabilidad de no dar respiro al Gobierno. No se declara fundamentalista en nada, se sitúa más bien en el terreno de la ortodoxia, pero aún cree que ser de izquierdas o de derechas representa opciones muy distintas.La agenda de comienzo de curso viene cargada de polémica y Jordi Sevilla Segura (44 años) se prepara para acorralar al Gobierno. Las licencias de móviles y el encarecimiento de las gasolinas dan al...

El primer partido de la oposición quiere hacer de la política económica su principal caballo de batalla y este diputado por Castellón ha salido del reciente congreso socialista con la responsabilidad de no dar respiro al Gobierno. No se declara fundamentalista en nada, se sitúa más bien en el terreno de la ortodoxia, pero aún cree que ser de izquierdas o de derechas representa opciones muy distintas.La agenda de comienzo de curso viene cargada de polémica y Jordi Sevilla Segura (44 años) se prepara para acorralar al Gobierno. Las licencias de móviles y el encarecimiento de las gasolinas dan al nuevo responsable de Política Económica del PSOE suficiente munición. Inmediatamente después se abrirá el diálogo social y el debate presupuestario. A Sevilla, diputado por Castellón, le corresponde la difícil tarea de poner en orden y concierto las ideas del principal partido de la oposición.Pregunta. El PSOE no apoyará la eliminación del déficit público que se propone el Gobierno. ¿Por qué?

Respuesta. Lo que planteo es si en una sociedad como la española, con muchas más carencias de capital público, de nivel de bienestar social y de desarrollo tecnológico que otras sociedades europeas más avanzadas, tiene sentido estar obsesionado en reducir el déficit antes que otros países con un capital público y social mucho más elevado.

P. Pero quizá España está obligada a hacer ese mayor esfuerzo porque en inflación vamos bastante peor...

R. Este planteamiento puede ser globalmente correcto, pero es prisionero de una lógica anterior al euro. El hecho de perder la política monetaria y de no tener el tipo de cambio como mecanismo de ajuste da mucha más importancia a las reformas estructurales, a la liberalización de sectores que constituyen el núcleo duro de la inflación... Además, me resulta curioso que el Gobierno utilice ese argumento cuando él mismo aprobó una reforma del IRPF supuestamente destinada a fomentar el ahorro y lo único que ha fomentado es el consumo.

P. Ya, pero gracias a esa reforma la economía está creciendo mucho, se está creando empleo...

R. Y estamos teniendo problemas de inflación, de déficit exterior, de competitividad. En estos momentos tiene muchísima más importancia para combatir la inflación y para mejorar la competitividad de la economía el impulso que desde el Estado se dé a las infraestructuras, al capital humano, la investigación y el desarrollo.

P. ¿Ustedes no habrían bajado los impuestos?

R. Nosotros habríamos bajado los impuestos, pero de una manera distinta y más justa. No eres más de izquierdas por subir los impuestos o más de derechas por bajarlos. Lo que no se puede decir es que se va a fomentar el ahorro y lo que se fomenta es el consumo. Porque, una de dos, o nos engañaron, o esa reforma fiscal ha fracasado.

P. Pero también puede ser que se haya generado tanta confianza en el futuro y los tipos de interés han estado tan bajos que la gente no ha visto la necesidad de ahorrar y se ha lanzado a consumir...

R. Si uno hace una reforma fiscal en la que baja los impuestos tiene que ser consciente de que eso necesariamente incrementa el consumo privado y se traduce en inflación y un mayor déficit exterior. Y por lo tanto, esa reforma fiscal debería haber venido acompañada de ese otro tipo de medidas que hubieran podido contrarrestar una mayor presión de la demanda.

P. ¿Hasta qué punto el descontrol de la inflación es responsabilidad del Gobierno? ¿Las subidas de las gasolinas o las hipotecas no se producen por causas exteriores?

R. Si cuando la inflación bajaba y los tipos de interés bajaban y los salarios ganaban poder adquisitivo era gracias al Gobierno, aceptemos que si ocurre lo contrario es también por culpa del Gobierno. Ahora hay un conjunto de acontecimientos externos que están perjudicando a la economía española. Eso es cierto y negarlo sería una tontería. El problema es cuál es la capacidad de reacción del Gobierno en las dos situaciones. En la primera se ha apuntado el tanto en términos políticos y se ha limitado a cabalgar a lomos del ciclo. En estos momentos se está mostrando incapaz de reaccionar.

P. Si a usted se le descontrolase la inflación, ¿qué haría? ¿Echaría mano de la moderación salarial?

R. No creo que podamos mantener una sociedad competitiva con unos salarios creciendo por encima de la productividad o por encima de la inflación. Romper eso me parecería peligroso. Pero si ocurre, no se podrá echar la culpa a los sindicatos ya que el Gobierno no es capaz de abordar una política antiinflacionista seria.

P. ¿No hace nada porque no puede o porque no quiere?

R. Si un ministro llega a la conclusión de que no puede hacer nada para bajar ese 2,5% de inflación subyacente debería dimitir. Habrá que hacer otras cosas o habrá que hacerlas de otra manera. Lo que no se puede es tirar la toalla.

P. Por ejemplo ¿bajar los impuestos de las gasolinas?

R. Por lo menos en el caso de los gasóleos en un primer momento y después, en función de cómo evolucionen los precios del petróleo, rebajar también las gasolinas. Pero ésta es una medida que sólo tiene sentido si va acompañada de una política seria de liberalización en el sector. Es evidente que las medidas adoptadas por el Gobierno no han funcionado.

P. ¿Pondría freno a los beneficios de las petroleras?

R. Hay que recuperar la idea de precios máximos, concebidos para las situaciones en que no hay competencia.

P. Eso sí que es intervencionismo...

R. Sí, pero a diferencia del intervencionismo del Gobierno que va a favor de los grandes operadores, el mío es a favor de los consumidores. Excepcionalmente, no me parece mal.

P. Pronto se abrirá el diálogo social. ¿Qué reformas necesita el mercado laboral?

R. Hay que partir de lo que se ha hecho. La principal medida del Gobierno ha consistido en subvencionar la contratación fija. A ello ha dedicado mucho dinero, por cierto, de las propias cotizaciones sociales. La realidad nos demuestra que el porcentaje de contratos temporales sigue siendo el mismo. No ha sido eficaz y éste debe ser uno de los primeros puntos a abordar. Vinculado a esto está la siniestralidad laboral. También, los mecanismos de la negociación colectiva para adecuar los salarios a la situación de cada empresa.

P. ¿Abarataría el despido? ¿Bajaría las cotizaciones sociales?

R. La experiencia demuestra que lo que frena la contratación no es el coste del despido. En estos momentos no es de vital importancia abrir ese debate, aunque no debe ser un tabú. En cuanto a las cotizaciones sociales, hay que hacer un esfuerzo serio de bajarlas de manera homogénea. Si el Gobierno hubiera cumplido el Pacto de Toledo, estaríamos en una situación presupuestaria en la Seguridad Social que permitiría dotar mejor el fondo de reserva para las pensiones y una política lineal de rebaja de las cotizaciones.

P. Si usted hubiera ingresado los cuatro billones de pesetas que se estima por las nuevas licencias de telefonía móvil, ¿reduciría deuda, bajaría impuestos o aumentaría las prestaciones sociales?

R. Éste no es un debate de principios. Depende mucho de la situación concreta. Aquí y ahora dedicaría una parte a reducir deuda y otra a mejorar el capital físico, las infraestructuras, el capital humano, la investigación y el desarrollo y el gasto social.

P. El menor coste en España de estas licencias ¿no garantiza las enormes inversiones y precios más bajos para los usuarios?

R. Cuando uno se lee los pliegos del concurso se da cuenta de que los precios serán libres y de que las condiciones que exigían el cumplimiento de las inversiones el 1 de agosto de 2001 están sujetas a tal variedad de elementos aleatorios que las propias empresas han adelantado que probablemente no estarán en esa fecha. Las supuestas ventajas del concurso no serán tales y el Gobierno tiene que reconocer que se ha equivocado y rectificar. Es posible hacerlo. El problema es ¿va este Gobierno a reconocer que se ha equivocado en algo?

P. Sí, pero póngase en el caso de que se anula el concurso. Las compañías pleitearán, se retrasará todo y daremos una imagen internacional muy negativa.

R. No tendría por qué producirse ningún retraso salvo los derivados de razones tecnológicas. Y tampoco creo que sea muy buena la imagen internacional que estamos dando en estos momentos, visto lo que está ocurriendo en Gran Bretaña o Alemania. Vamos a acabar siendo los tontos de Europa.

P. ¿Tienen algún indicio de irregularidades?

R. En estos momentos no tengo elementos de juicio, pero estamos analizando con mucho cuidado cuáles han sido los pasos que se han dado desde que se convocó el concurso.