Román califica de "especuladores" a los ex propietarios de Puerto Sherry
El presidente de la Diputación de Cádiz, Rafael Román (PSOE), acusó ayer a los anteriores propietarios de Puerto Sherry, cuyos representantes tienen mayoría en la mesa de incautación ordenada por el juzgado, de intentar realizar "una operación especulativa" al demandar del Estado una indemnización que les compense por el abandono de la explotación.Román se mostró contrario a la pretensión de "hacer un gran negocio" con dinero público y censuró que los fines de "estos perversos especuladores" no sean desarrollar un proyecto empresarial, sino "llevárselo calentito", al tiempo que se mostró dispu...
El presidente de la Diputación de Cádiz, Rafael Román (PSOE), acusó ayer a los anteriores propietarios de Puerto Sherry, cuyos representantes tienen mayoría en la mesa de incautación ordenada por el juzgado, de intentar realizar "una operación especulativa" al demandar del Estado una indemnización que les compense por el abandono de la explotación.Román se mostró contrario a la pretensión de "hacer un gran negocio" con dinero público y censuró que los fines de "estos perversos especuladores" no sean desarrollar un proyecto empresarial, sino "llevárselo calentito", al tiempo que se mostró dispuesto a colaborar en la reactivación del centro náutico.
Por otra parte Román pidió que se acelere desde el punto de vista administrativo y judicial una solución para garantizar una correcta gestión.
Mientras, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, se mostró ayer "indignado" con la actitud de los anteriores propietarios, y advirtió de la necesidad de buscar soluciones que eviten que Puerto Sherry "muera lentamente". El edil hizo ayer un llamamiento a los integrantes de la mesa de incautación para que acuerden un modelo de gestión que devuelva la actividad a Puerto Sherry.
Las reacciones se producen después de que los representante de la mesa de incautación afines a los antiguos propietarios impidiesen el pasado martes la aprobación de un presupuesto con el que el presidente del órgano, Rafael Barra, pretendía desarrollar una gestión normalizada.
De esta forma, según Barra, los anteriores dueños lograban "poner trabas" al proceso de vuelta a la actividad en Puerto Sherry, para forzar al Estado a recuperar la concesión y obtener una indemnización por ello.
Contra este criterio de actuación se habían pronunciado los trabajadores de Puerto Sherry, cuyo comité de empresa apuntó la necesidad de buscar una solución negociada. En las instalaciones trabajan 60 personas, aunque otros 200 empleos dependen de su actividad de forma indirecta.