Límites del Estado de derecho

Los ministros del interior del Estado y de los länder han pedido que se estudie si es posible prohibir el partido neonazi alemán, el NPD. Tienen todos los motivos para hacerlo (...). El partido ha dejado de ser un grupo de tertulianos para ofrecer una patria política a los círculos violentos. Algunos de sus funcionarios cometen graves actos criminales. Y es demasiado pedir a las personas decentes que contribuyan con sus impuestos a financiar la propaganda neonazi. .Lo que se olvida con facilidad en el debate de circunstancias sobre la extrema derecha es que la Constitución de un país que consi...

Los ministros del interior del Estado y de los länder han pedido que se estudie si es posible prohibir el partido neonazi alemán, el NPD. Tienen todos los motivos para hacerlo (...). El partido ha dejado de ser un grupo de tertulianos para ofrecer una patria política a los círculos violentos. Algunos de sus funcionarios cometen graves actos criminales. Y es demasiado pedir a las personas decentes que contribuyan con sus impuestos a financiar la propaganda neonazi. .Lo que se olvida con facilidad en el debate de circunstancias sobre la extrema derecha es que la Constitución de un país que considera uno de sus bienes jurídicos superiores la libertad de expresión plantea exigencias que lindan con el umbral del dolor. (...) Para poder justificar la prohibición de un partido, debe probarse que existe una relación entre los actos perpetrados y su programa o estructuras organizativas. Si no es posible aportar esa prueba, es probable que el NPD esté ante el mayor triunfo de su historia.

En el debate surgen una y otra vez argumentos de oportunidad: el Tribunal Constitucional alemán puede prohibir partidos, pero no el ideario de la extrema derecha. E, indudablemente, es más factible someter a vigilancia a un partido político que a una agrupación aplicada a la agitación clandestina. Pero si de hecho puede demostrarse más allá de toda duda que el NPD es anticonstitucional, es preciso dejar a un lado los argumentos de este tipo. En ese caso, su prohi-bición sería tan imperativa como la obligación del Estado de derecho de proteger a los ultraderechistas.

11 de agosto