Cándido Méndez intercede en el conflicto de la base de Rota
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha mediado ante el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, por la situación de más de medio centenar de empleados de la base naval de Rota (Cádiz) a los que se les han abierto expedientes sancionadores. Las multas, impuestas tras las protestas realizadas en demanda de mejores condiciones laborales, suman unos 19 millones de pesetas, según la estimación del comité.El secretario de UGT en Cádiz, Carlos Dorante, precisó ayer que del encuentro, mantenido la pasada semana, el líder sindical salió "con la impresión de haber encontrado muy buena disposi...
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha mediado ante el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, por la situación de más de medio centenar de empleados de la base naval de Rota (Cádiz) a los que se les han abierto expedientes sancionadores. Las multas, impuestas tras las protestas realizadas en demanda de mejores condiciones laborales, suman unos 19 millones de pesetas, según la estimación del comité.El secretario de UGT en Cádiz, Carlos Dorante, precisó ayer que del encuentro, mantenido la pasada semana, el líder sindical salió "con la impresión de haber encontrado muy buena disposición por parte del ministro para solucionar el conflicto".
Las multas, tramitadas por la comisaria de policía de Rota, responden a las concentraciones diarias que los empleados han venido manteniendo en las puertas del recinto militar, en demanda de la firma de un convenio colectivo y mejoras salariales. Las concentraciones, según las denuncias presentadas, afectaban al régimen de seguridad de las instalaciones.
Mientras, dos trabajadores de la base -el presidente del comité de empresa, Julio Malvido y el operario de la carpintería, José Bolaños- se enfrentan a peticiones de 18 meses de cárcel cada uno de ellos por un presunto delito de atentado, al haber agredido supuestamente a efectivos de la policía en el curso de las movilizaciones. La calificación del fiscal es rechazada por los imputados, que defienden el "permanente carácter pacifico de las protestas".
Los dos trabajadores han tenido que hacer frente a fianzas de 120.000 y 80.000 pesetas respectivamente para mantener su situación de libertad. Ahora, se encuentran a la espera de la fecha del juicio que se celebrará en la Audiencia de Cádiz.
Los trabajadores afirman que con estas medidas el gobierno pretende "desmovilizar a los trabajadores", después de haber recibido, según señala el comité, una queja de la embajada norteamericana.