Reforma penal para facilitar los registros en casos de narcotráfico
El Gobierno está ultimando una modificación del Código Penal que aumente los supuestos en los que un juez puede autorizar la entrada y registro domiciliario en la persecución de casos de narcotráfico. Esta iniciativa será expuesta hoy por el delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, en la apertura del curso La Estrategia Nacional sobre Drogas 2000- 2008 que se desarrollará en la localidad alicantina de Altea hasta el miércoles.La iniciativa ha sido objeto de estudio por parte del Gobierno, judicatura y fiscalía y va destinada a aumentar los instrumentos jur...
El Gobierno está ultimando una modificación del Código Penal que aumente los supuestos en los que un juez puede autorizar la entrada y registro domiciliario en la persecución de casos de narcotráfico. Esta iniciativa será expuesta hoy por el delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, en la apertura del curso La Estrategia Nacional sobre Drogas 2000- 2008 que se desarrollará en la localidad alicantina de Altea hasta el miércoles.La iniciativa ha sido objeto de estudio por parte del Gobierno, judicatura y fiscalía y va destinada a aumentar los instrumentos jurídicos así como la efectividad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. La intención del Gobierno va encaminada a profundizar los términos de la actual Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
Además, a través de este proyecto de reforma legislativa, el Gobierno tiene la intención de dotar al Poder Judicial de mejores instrumentos contra el crimen organizado en registros electrónicos, Internet y nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones.
La reforma se enmarca dentro del Plan de Choque en materia legislativa elaborado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. El proyecto en estudio también incluye una reforma del Código Penal para potenciar el papel de la prueba indiciaria en la lucha contra el blanqueo de dinero, así como para equilibrar las penas estipuladas por tráfico de estupefacientes.
El Gobierno también tiene previsto crear un Servicio Central de Inteligencia que coordine la actividad desarrollada por los servicios especiales de la Policía y Guardia Civil en la lucha contra el crimen organizado situados en distintos puntos del territorio español, principalmente en costas y aduanas.