Acebes anuncia que el Gobierno debatirá muy pronto la reforma de la Ley del Poder Judicial

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, anunció ayer que llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indispensable para la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que deberá entrar en vigor en enero de 2001. Acebes presentó las bases de la reforma judicial del Gobierno en su intervención inaugural del VIII Curso de Periodismo Jurídico que bajo el título de Un pacto para la Justicia organizan la Escuela de Periodismo Universidad Autónoma de Madrid-EL PAÍS y los Colegios Notariales.

Acebes aseguró que "existe u...

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, anunció ayer que llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indispensable para la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que deberá entrar en vigor en enero de 2001. Acebes presentó las bases de la reforma judicial del Gobierno en su intervención inaugural del VIII Curso de Periodismo Jurídico que bajo el título de Un pacto para la Justicia organizan la Escuela de Periodismo Universidad Autónoma de Madrid-EL PAÍS y los Colegios Notariales.

Acebes aseguró que "existe una oportunidad magnífica para el diseño de una justicia moderna, ágil y eficaz". La reforma se irá implantando en varias etapas, en la medida en que se alcancen acuerdos entre los sectores involucrados. Uno de los cambios que el Gobierno acometerá en los próximos meses es la informatización de los juzgados y tribunales.El ministro se refirió también a las reformas procesales que se encuentran pendientes y anunció que ya están ultimados los detalles del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que enviará próximamente al Consejo de Ministros. Entre otros aspectos, el proyecto regula las nuevas funciones del juez y del secretario judicial en los procesos.

El ministro no avanzó ninguna cifra sobre el presupuesto que exigirá la renovación de la justicia que proyecta el Gobierno: "Éste dependerá de los acuerdos y los consensos que vayamos alcanzando", dijo. La reforma se llevará adelante aplicando lo que él denominó "realismo de lo posible". Asimismo recalcó que entre las tareas urgentes está la de cubrir las 500 plazas de jueces que se encuentran actualmente vacantes.

En relación con la polémica que han suscitado las dificultades de aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, Acebes anunció que en las próximas tres o cuatro semanas serán convocadas entre entre 80 y 90 plazas de fiscales, que serán los encargados de instruir a partir de enero los casos de delitos cometidos por menores. Seis comunidades autónomas pidieron el mes pasado que se retrase al menos un año la aplicación de la ley debido a que ni el Ministerio de Justicia ni el de Trabajo y Asuntos Sociales han tomado las medidas necesarias. Según la Fiscalía General del Estado, al menos 148 nuevos fiscales deberían incorporarse a ese tipo de tareas antes de que termine el año. Acebes garantizó que la ley estará en marcha en enero.

Un servicio público

Uno de los debates de la jornada inaugural del seminario estuvo centrado en la justicia desde la perspectiva de los ciudadanos. El abogado Nicolás Sartorius anunció que varias organizaciones de jueces, fiscales, abogados y usuarios agrupadas en el Foro para un servicio público de la Justicia, han elaborado una Carta que contiene los derechos de los ciudadanos ante los tribunales. "La justicia es un poder del Estado, pero también un servicio público", precisó Sartorius.

Este catálogo, que debería ser de cumplimiento cotidiano y obligatorio en los tribunales, se basa en el código de buena conducta de la Administración Pública adoptado por la Unión Europea en 1999, y pretende garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios de justicia, a una información adecuada y un funcionamiento transparente de los tribunales. "Un ciudadano tiene el derecho de saber cuánto le va a costar el procedimento y el tiempo que podría tardar una sentencia", señaló. Insistió en que una persona debe ser informada de forma clara de por qué ha sido citada a los tribunales y en que los documentos judiciales deben estar redactados de forma inteligible, para que cualquier ciudadano los pueda entender.

La lentitud en la aplicación de la justicia podría solucionarse, según dijo, si se extendiera la oralidad del proceso: "Muchos litigios podrían resolverse ante el juez, las partes y los testigos". La Carta ha sido entregada al ministro de Justicia, "que ha demostrado su buena disposición para acogerla, pero habría que preguntarse", dijo, "si el Gobierno se ha comprometido efectivamente a resolver otros problemas pendientes, contratar nuevos jueces y abrir nuevos juzgados".

Antes de intervenir en el curso, el ministro anunció que los Gobiernos español e italiano mantendrán esta semana contactos para "armonizar y hacer las reformas necesarias que hagan efectiva la cooperación jurídica" entre ambos países, en particular sobre la persecución de mafiosos se refugian en España para esquivar a la justicia italiana.