La mujer multada por acoger a un inmigrante dice que volverá a hacerlo
Francisca Gil, la vecina de Tarifa (Cádiz) multada con 250.000 pesetas por acoger en su casa a un inmigrante clandestino en 1997, manifestó ayer que seguirá "ayudando a la gente cuando lo necesite". El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó la sanción impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz a Gil, de 37 años, por "prestar ayuda a inmigrantes indocumentados".La sala considera que la conducta de la mujer "no fue casual y fortuita, sino incardinada a prestar colaboración al extranjero". Gil se pregunta "cuál es el delito por ayudar a un hombre hambriento" y Derecho...
Francisca Gil, la vecina de Tarifa (Cádiz) multada con 250.000 pesetas por acoger en su casa a un inmigrante clandestino en 1997, manifestó ayer que seguirá "ayudando a la gente cuando lo necesite". El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó la sanción impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz a Gil, de 37 años, por "prestar ayuda a inmigrantes indocumentados".La sala considera que la conducta de la mujer "no fue casual y fortuita, sino incardinada a prestar colaboración al extranjero". Gil se pregunta "cuál es el delito por ayudar a un hombre hambriento" y Derechos Humanos califica el fallo de "bochornoso". La sentencia del TSJA es "injusta", según Gil, que arguye que si una persona es solidaria "no dejará de serlo por un simple multa". Para Gil, lo más duro de todo este asunto fue "estar esposada durante dos días" cuando fue detenida.
Según el fallo, Gil ayudó a un argelino -ella sostiene que era marroquí-, que lo montó en su coche y lo auxilió. "Resulta evidente no ya que supiera que se trataba de un extranjero en situación de ilegalidad, sino que perseguía precisamente ayudar a extranjeros en dicha situación", explica.
Un mes de cobijo
La Guardia Civil detuvo a Gil en el cruce del Santuario de la Luz, en las cercanías de Tarifa, a las 23.30 del 16 de julio de 1997. En su coche viajaba Hassan Ouardi, de 26 años, que había llegado a España ilegalmente hacía un mes. Durante ese tiempo, Gil le proporcionó alimentos, cobijo en una casa de su propiedad en el campo y le facilitó algo más de 30.000 pesetas procedentes de una colecta entre sus amigos. Cuando fue detenida, lo llevaba al encuentro de un familiar con el que supuestamente se iba a trasladar a Italia. La primera denuncia de la Guardia Civil ante el juzgado fue por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores, luego desestimado por el juez de guardia.
"Ouardi tuvo que volver a Marruecos, le hemos visitado allí, nos escribe y nos dice que lleva una vida muy penosa, tiene un trabajo muy duro, muy mal pagado y sueña con venir a España o a Europa, aunque le decimos que es muy peligroso y que no tiene posibilidades porque esto no es lo que le están pintando allí", declaró Gil.
Desde que sucedieron los hechos, Gil ha reconocido punto por punto todo el relato de la historia e incluso admite que suponía que el hombre estaba en situación irregular, pero sostiene que su actuación fue meramente humanitaria. "No me cuesta ningún trabajo ayudar a inmigrantes con problemas. Lo he hecho muchas más veces. Cada vez que me encuentro a alguien con hambre o con zapatos rotos y mojados tengo que hacer algo. El plato de comida en mi casa lo tienen seguro porque no creo que eso sea delito", dice.
La sentencia encuentra relación entre la ayuda que prestan personas a los inmigrantes y la insistencia de éstos en alcanzar las costas españolas utilizando cualquier medio. Gil responde que todo el problema acabaría "dejando que lleguen aquí con un billete en un ferry", ya que, "lo primero es acabar con las muertes" en el Estrecho. "Después ya nos apañaríamos. No se pueden cerrar las puertas a un país vecino", concluyó.