El fiscal pide tres años de cárcel para los ingenieros del depósito de Melilla
La Fiscalía de Málaga solicita penas de tres años de prisión y cinco de inhabilitación para el ejercicio de la profesión para cada uno de los ocho ingenieros acusados de homicidio imprudente por la rotura del depósito de agua de Melilla. El fiscal relata que cálculos erróneos y sucesivas reparaciones deficientes provocaron el 17 de noviembre de 1997 la rotura del depósito, que causó 11 muertos y 56 heridos.
Los cálculos para la construcción del depósito de agua de Melilla, con capacidad para 50.000 metros cúbicos, que había realizado en 1993 una empresa subcontratista de Almería, tenían...
La Fiscalía de Málaga solicita penas de tres años de prisión y cinco de inhabilitación para el ejercicio de la profesión para cada uno de los ocho ingenieros acusados de homicidio imprudente por la rotura del depósito de agua de Melilla. El fiscal relata que cálculos erróneos y sucesivas reparaciones deficientes provocaron el 17 de noviembre de 1997 la rotura del depósito, que causó 11 muertos y 56 heridos.
Los cálculos para la construcción del depósito de agua de Melilla, con capacidad para 50.000 metros cúbicos, que había realizado en 1993 una empresa subcontratista de Almería, tenían "importantes errores de cálculo". Los ingenieros responsables de la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS), la entidad que encargó la obra, asumieron los cálculos equivocados sin efectuar "la más elemental comprobación". Cuando el depósito estaba casi terminado, a finales de 1993, los ingenieros de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa que había ganado el concurso en 1992, detectaron "deficiencias constructivas que podían cuestionar la seguridad de la edificación", sostiene el fiscal. Pero las reparaciones "tampoco sirvieron para subsanar las deficiencias iniciales". Con la obra terminada, en marzo de 1994, se detectaron fugas de agua y se vació el depósito para sellar la solera y las juntas de los paneles. Las filtraciones y la inexistencia de un drenaje previsto en el proyecto debilitaron el terreno próximo a la cimentación. Finalmente, el depósito fue entregado en enero de 1997 al Ayuntamiento. La mitad del aljibe, con 25.000 metros cúbicos de agua, se rompió el 17 de noviembre de 1997, lo que provocó una riada hacia la ciudad de Melilla. Murieron 11 personas. Hubo 56 heridos de diversa consideración, y 53 viviendas, 170 comercios y 326 vehículos afectados. El Ayuntamiento reclama 300 millones de pesetas por diversos daños en la ciudad y 400 por el depósito. En total, las pérdidas se estiman en más de 1.200 millones.
El cúmulo de irregularidades ha llevado al fiscal a pedir para cada uno de los ocho ingenieros que intervinieron en la obra tres años de prisión y cinco de inhabilitación para el ejercicio profesional. También, indemnizaciones por daños y pérdidas a los distintos afectados. Considera el fiscal responsables civiles subsidiarios a la CHS, FCC y la empresa subcontratista Forvap.
Este depósito lo solicitó la corporación de Melilla a la CHS en 1988 para garantizar el suministro de agua a la ciudad. Se previó el emplazamiento en el barrio alto de las Cabrerizas. El Ministerio de Obras Públicas lo aprobó en junio de 1991 con un presupuesto de 563,6 millones. FCC ganó el concurso en abril de 1992 con una oferta a la baja: 442,6 millones fue el precio de adjudicación.
Al principio se trataba de hacer una gran piscina de hormigón armado, pero FCC tuvo dificultades para encontrar "áridos de la calidad precisa en la zona" y propuso efectuar la construcción del depósito con estructuras de hormigón prefabricado. A finales de 1992, FCC subcontrató la obra con Forvap Prefabricados para que hiciera los paneles y el montaje de la obra. El jefe del departamento técnico de Forvap, el acusado Ignacio Sirvent, redactó el nuevo proyecto, y el ingeniero responsable de la CHS, el también acusado José Manuel Marcos Méndez, lo presentó a sus superiores "como si fuese suyo".
El presidente de la comisión de afectados por el accidente, Angel Valencia, declaró ayer a Efe que la calificación del fiscal es "correcta y satisfactoria". Valencia considera que el fiscal da la razón a la Asociación de Vecinos Averroes, que denunció en varias ocasiones las filtraciones. "Si nos hubieran hecho caso, no tendríamos que lamentar estas muertes". También confió en que "el juicio se celebre cuanto antes" y que se produzca una "condena firme", al considerar que "ya ha pasado demasiado tiempo". Los familiares de los 11 fallecidos se retiraron en octubre de la acusación particular al cobrar de FCC una indemnización total de 400 millones de pesetas.