Un retraso judicial deja impune el robo de 5 millones de una lotería

La Audiencia de Madrid ha absuelto a dos empleadas de una administración de lotería que en enero de 1992 se quedaron con más de cinco millones de pesetas procedentes de las ventas de boletos, dinero que debía ser integrado a la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. La Sala ha dado por prescritos los delitos que se les imputaban.El procedimiento penal para la persecución de los delitos de malversación, falsedad de documento y denuncia falsa contra las hermanas M. P. H. V. y G. H. V. se inició en abril de 1995, cuando ya habían transcurrido tres años desde la comisión de los h...

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La Audiencia de Madrid ha absuelto a dos empleadas de una administración de lotería que en enero de 1992 se quedaron con más de cinco millones de pesetas procedentes de las ventas de boletos, dinero que debía ser integrado a la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. La Sala ha dado por prescritos los delitos que se les imputaban.El procedimiento penal para la persecución de los delitos de malversación, falsedad de documento y denuncia falsa contra las hermanas M. P. H. V. y G. H. V. se inició en abril de 1995, cuando ya habían transcurrido tres años desde la comisión de los hechos, plazo que exige el Código Penal para la prescripción de este tipo de delitos.

No obstante, la sentencia considera "indiscutible" que las acusadas, encargadas de una administración de lotería, dejaron de reintregar al Tesoro 5.006.500 pesetas, producto de las ventas de boletos efectuados en su establecimiento, dinero "que destinaron a otros fines". Esa recaudación debería haber sido ingresada en una cuenta del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) de la que es titular el mencionado organismo público, pero, "para tapar tal descubierto, M. P. rellenó tres impresos correspondientes a la empresa de seguridad Ausysegur", que era la encargada de recoger el dinero recaudado".

Habitualmente, ese dinero era introducido en un saco precintado y trasladado hasta el banco donde se depositaba. La finalidad de los impresos rellenados por la acusada M. P. "era quedar en poder de la administración de loterías como justificante de la entrega de dinero". Esos impresos estaban fechados en los días 10 y 31 de enero y 27 de marzo de 1992. En las mismas fechas, M. P., con el conocimiento de su hermana y de una tercera persona, A. C. J., "rellenó tres de los impresos bancarios del BBV destinados a ingresos e imposiciones por las cantidades de 2.800.000, 1.400.000 y 806.500 pesetas, "y pidió a A. C. J. que con un ordenador realizase la impresión magnética en los impresos, como la que realiza el banco una vez que recibe el dinero".

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