La fiscalía de Indonesia ordena el arresto domiciliario de Suharto por corrupción
El fiscal general del Estado, Marzuki Darusman, ordenó ayer el arresto domiciliario del ex presidente de Indonesia, el general Suharto, por la supuesta apropiación de varios millones de dólares destinados a organizaciones de caridad que el dictador controlaba. El fiscal ordenó la medida cautelar para interrogar "cuando sea necesario" a Suharto, que hasta el momento ha eludido todas sus comparecencias ante la justicia alegando problemas de salud. Las investigaciones concluirán en agosto, fecha en que el general podría ser acusado de corrupción.
El portavoz de la fiscalía, Yushar Yahya, e...
El fiscal general del Estado, Marzuki Darusman, ordenó ayer el arresto domiciliario del ex presidente de Indonesia, el general Suharto, por la supuesta apropiación de varios millones de dólares destinados a organizaciones de caridad que el dictador controlaba. El fiscal ordenó la medida cautelar para interrogar "cuando sea necesario" a Suharto, que hasta el momento ha eludido todas sus comparecencias ante la justicia alegando problemas de salud. Las investigaciones concluirán en agosto, fecha en que el general podría ser acusado de corrupción.
El portavoz de la fiscalía, Yushar Yahya, explicó ayer que el arresto domiciliario tiene como objetivo "concluir las investigaciones según lo planeado y siempre teniendo en cuenta el estado de salud de Suharto", de 78 años de edad. El ex presidente fue hospitalizado el año pasado tras sufrir un leve ataque de apoplejía, y desde esas fechas sus abogados han utilizado sus problemas de salud para aplazar en repetidas ocasiones sus comparecencias ante los fiscales. No obstante, Marzuki Darusman declaró la semana pasada que, "al contrario de lo que dicen sus abogados, es muy posible interrogar a Suharto".El fiscal general explicó hace una semana a Efe que su departamento pretendía trasladar al ex dictador a una residencia oficial donde estaría "bajo supervisión" de las autoridades, así como protegido de las manifestaciones estudiantiles. Casi a diario, y de forma violenta, los estudiantes se concentran frente a su domicilio para exigir su comparencia ante la justicia no sólo por corrupción, sino también por la violación de los derechos humanos a lo largo de 32 años de una cruel y ruinosa dictadura que ha precipitado al país en una profunda crisis económica.
La lucha contra la corrupción constituye uno de los más importantes desafíos del nuevo presidente indonesio, Abdurraman Wahid, que, al contrario de lo que se pensaba, no ha dado muestras de combatir una plaga casi endémica en las altas esferas del poder. La reciente destitución del ministro para las Inversiones y Empresas Públicas, Laksamana Sukardi, uno de los más firmes impulsores de la lucha contra la corrupción, ha abierto serias dudas sobre la voluntad política y la capacidad de maniobra del presidente para hacer frente a la red de intereses y privilegios de la familia Suharto.
Sukardi, destituido bajo algunas insinuaciones sobre supuesta corrupción, se empeñó en exigir a la todopoderosa Texmaco, un grupo empresarial fundado en 1970 y dedicado a todo tipo de actividades (industria textil, siderurgia, automoción, banca o empresas financieras), una serie de créditos por valor de 1.000 millones de dólares (unos 180.000 millones de pesetas) que debería reponer y no hizo. El presidente de la compañía, Marimutu Sinivasan, un indonesio de procedencia india tamil y amigo de Suharto, consiguió convencer al presidente Wahid por medios no muy claros (en medios políticos y diplomáticos se rumorea que fue debidamente compensado por sus servicios) para destituir al ministro que precisamente había iniciado la reclamada lucha frente a las tramas mafiosas.
El propio Sukardi y el actual ministro de Economía, Hacienda e Industria, Kwik Kian Gie, reconocían recientemente que existían otros 12 casos similares al de Texmaco, entre ellos, el del grupo Humpuss, propiedad de Tommy Suharto, y Tirtaras, de un hermano del general Prabowo, yerno del ex dictador.
El profesor de Economía Política de la Universidad de Chicago y uno de los más conocidos analistas sobre la situación indonesia, Jeffrey Winters, calificaba de "injusticia" la destitución de Sukardi. A su juicio, el ex ministro de Inversiones Públicas "es un hombre con un impecable récord de honestidad" que ha recibido un "tratamiento mucho menos respetuoso que el general Wiranto, envuelto en crímenes contra la humanidad en Timor Oriental". "Su pecado", decía Winters en el Jakarta Post, "ha sido intentar impedir la corrupción, no entrar en el juego del dinero sucio y facilitar créditos de forma apropiada". "El caso Texmaco", dice el analista, "ha hecho de Sukardi un héroe popular".
Sistema familiar
Otro de los más respetados observadores económicos sobre la situación indonesia, Steven Radelet, profesor de Harvard y responsable del Instituto Internacional para el Desarrollo, explica que "la estructura indonesia no pudo combatir la expansión del sistema financiero de la familia Suharto a principios de los noventa y poco ha podido hacer cuando las relaciones de Suharto con el FMI se deterioraron irreparablemente a principios de 1998". La situación es tan grave que el director general de áreas costeras, playas y pequeñas islas, Rohmin Dahuri, de acuerdo con el Ministerio de Explotación Marítima, anunció recientemente la oferta para alquilar a inversores de todo tipo, por contratos que puedan llegar a los 35 años, el uso de las más de 10.000 islas deshabitadas del archipiélago.