Iniciativa para un referéndum sobre la privatización del agua en Alcoy
El proceso de privatización de la gestión del agua iniciado por el Ayuntamiento de Alcoy ha desatado la protesta de diversos colectivos locales. Bajo el paraguas de la plataforma cívica Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua, más de 30 colectivos han iniciado una campaña para tratar de parar una iniciativa del alcalde socialista que consideran "inaceptable". La idea es conseguir la recogida de 6.000 firmas que respalden la petición, ante el pleno del Ayuntamiento, de un referéndum popular para que la ciudadanía pueda expresar su opinión al respecto. Esas signaturas supondrían el...
El proceso de privatización de la gestión del agua iniciado por el Ayuntamiento de Alcoy ha desatado la protesta de diversos colectivos locales. Bajo el paraguas de la plataforma cívica Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua, más de 30 colectivos han iniciado una campaña para tratar de parar una iniciativa del alcalde socialista que consideran "inaceptable". La idea es conseguir la recogida de 6.000 firmas que respalden la petición, ante el pleno del Ayuntamiento, de un referéndum popular para que la ciudadanía pueda expresar su opinión al respecto. Esas signaturas supondrían el 10% de la población censada, mínimo que exige el Reglamento de Participación Ciudadana para plantear una consulta popular. La plataforma mantiene que existen "muchos e importantes argumentos que desaconsejan" privatizar la gestión del agua, por lo que ha pedido al Ayuntamiento que paralice el proceso hasta que la población se manifieste sobre la opción privatizadora que, según explican, "hipotecaría durante décadas el control social de un recurso tan vital como es el agua".
Previo a la recogida de firmas se iniciará una campaña informativa sobre las posibles consecuencias de la privatización, como el aumento del precio del agua o el hecho de que este bien necesario pase a ser una mercancía. Consideran además "oscura y antidemocrática" la medida privatizadora que el PSOE y PP han adoptado "sin argumentos confesables y evitando el debate social". Critican la rapidez del proceso y señalan que ello acota la participación de empresas interesadas, por el escaso margen de tiempo establecido para la presentación de ofertas desde la aprobación del pliego de condiciones, el pasado viernes. La campaña tendrá un seguimiento semanal, y se autofinanciará con bonos.