El secreto de la siniestralidad laboral ANTÓN COSTAS
El consejero de Trabajo, Lluís Franco, se niega a hacer pública la lista de empresas con mayor indice de siniestralidad laboral en Cataluña que le piden los sindicatos. El argumento es que si lo hiciese estaría "criminalizando" de forma arbitraria a las empresas. No estoy de acuerdo. Ésa es una información a la que tienen derecho los trabajadores y la sociedad. Pero es que, además, puede ser una de las formas más efectivas y baratas de lograr reducir la siniestralidad laboral en las empresas.Si a un trabajador le ofrecen, o va a buscar, trabajo en una empresa, una información importante para é...
El consejero de Trabajo, Lluís Franco, se niega a hacer pública la lista de empresas con mayor indice de siniestralidad laboral en Cataluña que le piden los sindicatos. El argumento es que si lo hiciese estaría "criminalizando" de forma arbitraria a las empresas. No estoy de acuerdo. Ésa es una información a la que tienen derecho los trabajadores y la sociedad. Pero es que, además, puede ser una de las formas más efectivas y baratas de lograr reducir la siniestralidad laboral en las empresas.Si a un trabajador le ofrecen, o va a buscar, trabajo en una empresa, una información importante para él es saber, además del salario y las condiciones generales del contrato, el grado de riesgo laboral que contrae si lo acepta. Con esa información puede decidir buscar otro trabajo o pedir un salario más alto que le compense ese mayor riesgo. Eso es lo que sucede con los mineros y con otros trabajadores empleados en actividades que implican un riesgo conocido para la salud. Como trabajadores o como consumidores, tenemos derecho a la información adecuada sobre las ventajas y los riesgos de dedicarse a una actividad, o de consumir un determinado producto. Si las empresas están obligadas a informar de los productos transgénicos o de los riesgos para la salud de consumir tabaco o aspirinas, ¿por qué no han de hacerlo sobre el riesgo de siniestralidad laboral?
Pero es que, además, si esa información es pública -aunque no necesariamente difundida-, introduce un incentivo muy fuerte para que las propias empresas eviten por todos los medios aparecer en esa lista. Esto es lo que sucede en otros aspectos de la vida empresarial. Tanto las empresas como los particulares evitan aparecer en la lista de morosos del RAI (Registro de Anotación de Impagados), porque, una vez que aparecen, los bancos y los proveedores les ponen las cosas muy difíciles y no quieren trabajar con ellos. Esa información es pública y las empresas la utilizan diariamente. ¿Por qué no se habla en este caso de penalización arbitraria de las empresas que aparecen en el RAI?
Una sociedad de mercado no puede funcionar bien si no existe buena información. Como trabajadores y como consumidores, necesitamos disponer de la información adecuada para tomar las decisiones que más nos convengan. De lo contrario, la desregulación de los mercados nos dejará indefensos. Hace poco el RAC publicó un estudio con un ranking de seguridad de los llamados monovolúmenes. Una de las marcas con mayor número de ventas salía muy mal parada. Y reaccionó suministrando más información. Ése es el camino.
Me resulta difícil comprender cómo es posible que de 6.000 trabajadores que fallecen por accidente laboral en Europa al año, España por si sola se lleve la cuarta parte, es decir, 1.570 muertes. Cada día mueren cuatro trabajadores. Difícilmente se puede encontrar un indicador más tercermundista que éste para definir a un país. Sin duda, el consejero no es insensible a esa epidemia. Ha anunciado mayor rigor en el control y la prevención de riesgos, más fondos públicos para abordar el problema de la seguridad laboral e incentivos para las empresas que reduzcan la siniestralidad. Está bien. Pero conviene recordar que la capacidad de control de la Administración es muy limitada y que las subvenciones generan comportamientos perversos, como muy bien sabe el consejero. La forma más eficaz y más barata es dar transparencia a las conductas. La transparencia nos hace a todos más responsables.
Hay una larga tradición de secretismo en el funcionamiento de la Administración pública que no beneficia ni a la sociedad ni, en muchos casos, a los que se pretende proteger. A menudo es el resultado de una inercia administrativa, de una actitud burocrática de no complicarse la vida. Pero un político en una sociedad democrática tiene que actuar como un empresario. Ha de innovar y asumir riesgos. El mercado electoral acostumbra a premiarlos. Estoy seguro de que si el consejero Franco decide dar publicidad a la siniestralidad, contribuirá a solucionar el problema y a ganar apoyo social para su partido.