Una piedra en el zapato de Siurana
Al socialista Antoni Siurana, alcalde de Lleida desde 1979, con la excepción del bienio 1987-1989, le ha salido una piedra en el zapato, tras 20 años de gobierno plácido. Por primera vez en su dilatado mandato, Siurana tiene en la oposición a un concejal duro de roer, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) Xavier Sáez, que parece empeñado en golpearle periódicamente donde más le duele: en su prestigio personal y en su fama de buen gestor municipal.El concejal republicano inició su particular cruzada al final de la anterior legislatura con el caso Seinsa y ha continuado esta semana con una n...
Al socialista Antoni Siurana, alcalde de Lleida desde 1979, con la excepción del bienio 1987-1989, le ha salido una piedra en el zapato, tras 20 años de gobierno plácido. Por primera vez en su dilatado mandato, Siurana tiene en la oposición a un concejal duro de roer, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) Xavier Sáez, que parece empeñado en golpearle periódicamente donde más le duele: en su prestigio personal y en su fama de buen gestor municipal.El concejal republicano inició su particular cruzada al final de la anterior legislatura con el caso Seinsa y ha continuado esta semana con una nueva denuncia. Esta vez acusa a Siurana de favorecer a entidades, colectivos y personas de su entorno a través de servicios prestados por la Empresa Municipal de Serveis Comunitaris (EMSC), una sociedad municipal creada en 1991 y que realiza actividades tan diversas como la ejecución de obras menores, transportes o montajes de escenarios, y gestiona la emisora de radio municipal.
En un pleno municipal celebrado la pasada semana, el funcionamiento de la empresa se convirtió en blanco de las críticas de la oposición por una supuesta falta de transparencia. El alcalde se defendió diciendo que la gestión de la empresa era modélica y les retó a encontrar las supuestas anomalías denunciadas. El concejal republicano se puso a investigar y no tardó en hallarlas. Tras examinar alrededor de 6.000 facturas del pasado ejercicio, Sáez elaboró un informe de 15 páginas en el que relata numerosos ejemplos de mala gestión, de irregularidades contables y favores del equipo de gobierno a determinadas personas con cargo al presupuesto municipal.
Sáez calificó de "atípico, indignante y vergonzoso" el funcionamiento de esta empresa pública, que, señaló, "actúa como grupo especial de operaciones" del equipo de gobierno y como vehículo de subvención discrecional de actividades a entidades y personas próximas al alcalde. El ejemplo más sangrante de trato de favor es, según él, una factura de 11.600 pesetas cobrada al coordinador del área de Economía, Josep Farrero, por un servicio de mudanzas de muebles desde Lleida a Sabadell, cuando a otra entidad se le cobraron 20.000 pesetas por el traslado de seis plantas dentro de la misma ciudad. El consistorio también subvencionó, a través de esta empresa, la fiesta de final de curso de un colegio privado con 1,5 millones de pesetas.
Sáez ha acusado al equipo de gobierno de filtrar nombres y tergiversar los hechos para desviar las sospechas. Siurana y los responsables de la empresa se han defendido, pero sin lograr desmontar cada una de las acusaciones del informe de los republicanos, de modo que los detractores insisten en que determinadas prácticas personales están echando por tierra la buena fama del alcalde de Lleida.
Saéz se ha convertido en un ariete contra Siurana. Primero destapó el escándalo de Seinsa, la empresa concesionaria del servicio de limpieza y de recogida de basuras de la ciudad, acusada de trasladar de forma clandestina al vertedero municipal de Serra Llarga más de 20.000 toneladas de residuos urbanos procedentes de Tarragona, Valencia y el Val d'Aran. El gerente de esta empresa, filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), era Enric Castells, persona de confianza de Siurana, quien acabó reconociendo las irregularidades denunciadas por ERC, tras haberlas negado inicialmente. El caso se cerró en falso con el pago de una indemnización de más de 66 millones al consistorio por daños y perjuicios.
A renglón seguido, Sáez denunció a Siurana, a Castells y a dos miembros del gabinete de alcaldía por un presunto delito de malversación de caudales públicos por encargar a Seinsa encuestas de carácter político, totalmente ajenas al servicio que presta la empresa, que el equipo de gobierno socialista utilizó con fines electorales. Las diligencias de este caso están siendo investigadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.