Los jueces buscan a 2.400 madrileños para que cumplan sus condenas
El número de reos fugitivos se ha reducido en 1.100 en los dos últimos añosLos juzgados de Ejecutoria se encargan de que las víctimas cobren las indemnizaciones
Unos 2.400 madrileños se hallan en la actualidad en situación de búsqueda y captura para que cumplan las sentencias que pesan sobre ellos, según fuentes judiciales de la plaza de Castilla. Son personas sobre las que recayeron sentencias firmes, bien para que ingresen en prisión o bien para que indemnicen a sus víctimas, o ambas cosas a la vez, y cuyo paradero ignoran tanto los jueces como la policía. "Facilitan un domicilio al juzgado y cuando la policía va a sus casas a buscarles, o no están o han huido o, simplemente, se han cambiado de domicilio sin avisarlo al juez y nadie sabe dónde encon...
Unos 2.400 madrileños se hallan en la actualidad en situación de búsqueda y captura para que cumplan las sentencias que pesan sobre ellos, según fuentes judiciales de la plaza de Castilla. Son personas sobre las que recayeron sentencias firmes, bien para que ingresen en prisión o bien para que indemnicen a sus víctimas, o ambas cosas a la vez, y cuyo paradero ignoran tanto los jueces como la policía. "Facilitan un domicilio al juzgado y cuando la policía va a sus casas a buscarles, o no están o han huido o, simplemente, se han cambiado de domicilio sin avisarlo al juez y nadie sabe dónde encontrarles", afirman los citados medios. También los hay, en el caso de algunos inmigrantes, que cuando llega la sentencia ya se han marchado a sus países de origen.Estos 2.400 casos sólo afectan a las órdenes de búsqueda dictadas por los 23 jueces de lo penal de Madrid, los que ejecutan sentencias con penas de hasta cinco años de cárcel, así como las respectivas indemnizaciones para las víctimas de esos delitos. No se incluyen en esa cifra los delincuentes buscados por la Audiencia de Madrid, donde se juzgan delitos con penas superiores a cinco años, y cuya cifra puede sobrepasar el medio millar de personas, ni las decretadas por los 46 jueces de instrucción, que investigan delitos. Las dictadas por estos últimos son contra personas que no comparecen a las citaciones del juez instructor.
Los condenados huidos asistieron al juicio, algunos esposados y otros no, pero luego desaparecieron sin dejar rastro. Se coloca sus nombres en el fichero de búsquedas y capturas que existe desde hace varios años en los juzgados porque no responden a las citaciones. Pese a que la cifra de huidos -2.400- es elevada, es inferior a la existente en 1998. Entonces había 3.500 órdenes de búsqueda y captura.
Las sentencias sin ejecutar se han reducido en un 40% en los dos últimos años
La reducción de órdenes de búsqueda y captura se debe en gran parte al nacimiento de los juzgados de Ejecutorias. En la plaza de Castilla hay cuatro órganos de este tipo, los números 2, 4, 7 y 12. Nacieron el 1 de enero de 1997 tras un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial.Tras calificar en un informe de "satisfactoria" la situación de los juzgados de lo Penal de Madrid (entonces había 27), el órgano de gobierno de los jueces españoles acordó que cuatro de ellos se dedicarán en exclusiva a ejecutar las sentencias de los 23 restantes y evitar así "las disfunciones" que, según el Consejo, se estaban produciendo a la hora de ejecutar las penas.
Es decir, se dictaban miles de sentencias todos los años, pero muchas de ellas, debido a esas "disfunciones", se ejecutaban con excesiva demora y cierto desorden. Las víctimas de esos delitos eran las principales perjudicadas, pues cobraban tarde y mal, si es que finalmente lo conseguían. Y lo que es peor, algunos delincuentes conseguían retrasar sus ingresos en prisión.
Prueba del desbarajuste existente entonces es que cuando nacieron estos cuatro juzgados había unas 28.000 sentencias sin ejecutar en la plaza de Castilla. Esa cifra se ha reducido ahora en al menos un 40%. "Ahora tenemos muchas sentencias que no están totalmente ejecutadas pero que se hayan en tramitación", afirma el magistrado Eduardo López-Palop, titular del Juzgado de Ejecutorias numero 2 de Madrid.
López-Palop pone un ejemplo de ejecutoria en trámite: "Si un señor tiene que pagar a otro tres millones de pesetas y no puede hacerlo en el acto, le embargamos parte de la nómina, unas 50.000 mensuales, y paga el dinero poco a poco. Esa sentencia no está totalmente ejecutada, pero cabe considerar que se está ejecutando", añade el magistrado. "En mi opinión", agrega López-Palop, "la creación de estos juzgados ha sido un éxito; no sólo se ha reducido un 40% la cifra de sentencia sin ejecutar, sino que las víctimas tienen más posibilidades de cobrar las indemnizaciones".
Según este juez, "el decanato ha ayudado mucho en la mejora de este servicio", ya que ha habilitado dentro del edificio judicial una oficina de información patrimonial que permite al juez conocer "casi al instante los bienes que tiene un condenado y poder embargárselos si no paga a su víctima". Cabe la posibilidad, aseguran fuentes de la Audiencia de Madrid, de que sobre una misma persona recaigan varias órdenes de captura simultáneas procedentes de distintos jueces. Detener a los huidos no es tarea fácil y compete a las fuerzas del orden.
Hace dos años, fuentes de la Audiencia madrileña se quejaban de que existía descoordinación en esta materia entre la policía y la Guardia Civil. Se lamentaban de que ambos cuerpos no se cruzaban sus datos. "No se cruzan los datos, y se dan casos de personas que figuran como reclamados en el ordenador central de la Guardia Civil y no en el de la policía", afirmaron. "Si un juez, por ejemplo, envía una orden de búsqueda contra alguien a la Guardia Civil y es un policía quien casualmente lo identifica en la calle y quien indaga en el ordenador de su cuerpo, lo dejará en libertad en la creencia errónea de que está limpio, pues en su base de datos no aparecerá como buscado. Y viceversa". También se dan casos de huidos que no lo son; es decir, condenados que están en su casa ignorantes de que sobre ellos pesa una orden judicial de detención. Y es que a veces los agentes no van a sus casas a buscarles hasta que no tienen una orden judicial expresa para hacerlo.