España sacrificó ingresos por estar a la vanguardia de la liberalización
España será el primer país de Europa en el que, si se cumplen las exigencias del Ministerio de Fomento a las operadoras, se utilice la nueva tecnología móvil multimedia. Finlandia concedió antes las licencias, pero ha impuesto como fecha para iniciar el servicio el 2002, al menos, seis meses después que en España. El calendario es fiel reflejo de la acelerada política del Gobierno para liberalizar y ordenar las telecomunicaciones, aun con decisiones polémicas. Entre ellas, la adjudicación de cuatro licencias de telefonía UMTS el pasado 10 de marzo, dos días antes de las elecciones generales. F...
España será el primer país de Europa en el que, si se cumplen las exigencias del Ministerio de Fomento a las operadoras, se utilice la nueva tecnología móvil multimedia. Finlandia concedió antes las licencias, pero ha impuesto como fecha para iniciar el servicio el 2002, al menos, seis meses después que en España. El calendario es fiel reflejo de la acelerada política del Gobierno para liberalizar y ordenar las telecomunicaciones, aun con decisiones polémicas. Entre ellas, la adjudicación de cuatro licencias de telefonía UMTS el pasado 10 de marzo, dos días antes de las elecciones generales. Fomento optó por el método de concurso -mecanismo repetido en el sector-, sin exigir cantidad mínima a las operadoras por participar y estableciendo sólo una "aportación financiera al Tesoro público" de 21.500 millones de pesetas a cada uno de los ganadores (Telefónica, Airtel, Amena y Xfera). Los adjudicatarios, que el pasado martes firmaron con la Administración, deben satisfacer también el pago de 250 millones "destinados a sufragar costes derivados de la liberalización del espectro radioeléctrico", necesario para la implantación del servicio. Además, se fijó una tasa anual sobre los ingresos de las operadoras.
Tres preseleccionados
Fomento, que desde el primer momento reservó tres licencias para las compañías que ya operan (Telefónica, Airtel y Amena), mantiene que este método asegura el desarrollo tecnológico -se han comprometido inversiones por tres billones- y que se ha actuado según los principios de la Comisión Europea. Según fuentes del ministerio, el departamento de Rafael Arias-Salgado consultó en varias ocasiones a Bruselas para que orientase el proceso, sin que las autoridades comunitarias pusieran pega alguna en su desarrollo.
Aun así, el proceso se ha visto afectado por los tradicionales inconvenientes del método de concurso, que se basa en criterios técnicos (plan de extensión de red) y financieros (compromisos de inversión) que los participantes conocen, pero no saben cómo ponderan en la decisión final. Las concursantes lanzaron acusaciones de falta de transparencia y favoritismo, pero ninguno ha recurrido. Además, hubo filtraciones a la Bolsa sobre la elección del ganador una semana antes de que se anunciara