El Gobierno reconoce que realiza identificaciones en Granada, pero niega que se centren en los inmigrantes
La Subdelegación del Gobierno en Granada negó ayer las acusaciones de la asociación Granada Acoge, que la culpaba de hostigar a los inmigrantes en el pueblo de Zafarraya exigiéndoles continuamente la documentación e imponiendo multas a quienes no la poseyeran. "No existe persecución alguna", informó ayer la Subdelegación en un comunicado, "y las declaraciones de la citada ONG son falsas". El Gobierno "no ha realizado ni alentado actuación alguna que suponga discriminación u hostigamiento a extranjero", manifestó ayer la subdelegación. No obstante, reconoce: "Las Fuerzas y Cuerpos del Estado ha...
La Subdelegación del Gobierno en Granada negó ayer las acusaciones de la asociación Granada Acoge, que la culpaba de hostigar a los inmigrantes en el pueblo de Zafarraya exigiéndoles continuamente la documentación e imponiendo multas a quienes no la poseyeran. "No existe persecución alguna", informó ayer la Subdelegación en un comunicado, "y las declaraciones de la citada ONG son falsas". El Gobierno "no ha realizado ni alentado actuación alguna que suponga discriminación u hostigamiento a extranjero", manifestó ayer la subdelegación. No obstante, reconoce: "Las Fuerzas y Cuerpos del Estado han realizado unas actuaciones de identificación en toda la provincia que han afectado en controles a 21.000 ciudadanos, entre los cuales, obviamente, ha sido indentificado un número de personas de nacionalidad no española". Según la administración, 30 de esas personas no tenían la documentación correcta.La denuncia de Granada Acoge señalaba que la Guardia Civil estaba llevando a cabo diariamente prácticas de acoso a los inmigrantes, tratándolos con medidas "idénticas a las que se llevan a cabo con delincuentes y traficantes". Según la ONG, a los inmigrantes indocumentados le imponían multas de más de 50.000 pesetas, consideradas ya como sanciones graves, lo que podría poner en peligro su futura legalización en el país.
El Gobierno negó ayer tal extremo y manifestó que "hasta la fecha no se ha impuesto ninguna sanción económica", y que el hecho de comprobar la documentación "en modo alguno supone un hostigamiento".
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Miguel Osuna, dio ayer las primeras muestras de que el proceso de regularización de inmigrantes en la provincia de Cádiz, criticado por las ONG por las excesivas comprobaciones documentales que establece la ley, puede flexibilizarse. Osuna se mostró dispuesto a estudiar las situaciones de algunas personas que puedan recurrir a pruebas o documentos no previstos por la norma.