Fomento impugnará la regulación de televisiones locales en Castilla-La Mancha El Gobierno de Bono dice haber actuado tras el cierre de tres emisoras por el Ejecutivo central
Un decreto de la Junta de Castilla-La Mancha sobre televisiones locales por ondas terrestres, promulgado el pasado día 25, ha supuesto un nuevo capítulo en la guerra que mantienen el Ejecutivo regional, que preside el socialista José Bono, y el Ministerio de Fomento. Nada más ver la luz esa regulación autonómica, el secretario general de Comunicaciones (de Fomento), José Manuel Villar, ha anunciado su inmediata impugnación, argumentando que "vamos a hacer respetar la competencia estatal". Fomento cerró tres emisoras de Ciudad Real hace seis meses.
El decreto autonómico se ha producido p...
Un decreto de la Junta de Castilla-La Mancha sobre televisiones locales por ondas terrestres, promulgado el pasado día 25, ha supuesto un nuevo capítulo en la guerra que mantienen el Ejecutivo regional, que preside el socialista José Bono, y el Ministerio de Fomento. Nada más ver la luz esa regulación autonómica, el secretario general de Comunicaciones (de Fomento), José Manuel Villar, ha anunciado su inmediata impugnación, argumentando que "vamos a hacer respetar la competencia estatal". Fomento cerró tres emisoras de Ciudad Real hace seis meses.
El decreto autonómico se ha producido porque el PP no ha desarrollado la Ley de Televisiones Locales de 1995, y en consecuencia no ha distribuido las frecuencias del espectro radioeléctrico, según explica el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. La falta de desarrollo de la ley la convierte en "papel mojado", según Barreda, y deja a las empresas del sector "en la más absoluta de las indefensiones, con un vacío jurídico que permite al Ministerio de Fomento comportarse con mucha arbitrariedad".La polémica arrancó hace medio año, cuando Fomento ordenó el cierre de tres televisiones locales de Castilla-La Mancha: Televisión Ciudad Real (TVCR), Ciudad Real Noticias (CRN) y Surco TV. Sólo la primera de ellas pudo abrir de nuevo, debido a una orden judicial, porque el magistrado antepuso la protección de los derechos constitucionales de comunicar y recibir información veraz, el derecho de la audiencia a recibir información plural y la protección del trabajo de sus empleados. La resolución, no obstante, está sometida a recurso.
El gobierno castellano-manchego atribuyó esos cierres a "censura pura y dura en periodo preelectoral". Fomento negó que esas fueran las razones, afirmando que se trataba de que los canales cerrados habían sobrepasado el ámbito de cobertura local. Marcelo Larrañaga, director de CRN, no comprende cómo el Canal 7 de Madrid, que supone vinculado al PP, cubre toda la comunidad madrileña; o por qué han surgido en los últimos meses ocho nuevas televisiones locales en Castilla y León, bajo gobierno del PP. "Yo no pido que las cierren, sino que traten mi caso de la misma manera", argumenta.
En paralelo con este problema de competencias, se ha filtrado la existencia de una reunión entre empresarios de comunicación de Castilla-La Mancha. Alguno de los asistentes explica que, en realidad, se han producido al menos ocho reuniones en cuatro años para intentar la constitución de un grupo de comunicación de la región, aunque la última se produce en vísperas del posible salto de Bono a la política nacional. En esos contactos han participado Canal V de Guadalajara; Surco TV (con emisoras de radio y una televisión local ahora precintada por Fomento); Ciudad Real Noticias (CNR), que tiene radio, el semanario Crónicas de la Mancha y una televisión local también precintada; y el grupo Sicaman y Teleradio Press, presidido por José Vicente Palazón, que acaba de asociar seis de sus emisoras de radio a Onda Cero. En algún momento entraron en los contactos los periódicos publicados bajo la cabecera de Tribunas, en los que finalmente ha tomado participaciones la editora de Abc.
En Castilla y León, un grupo de comunicación mantiene programación en cadena regional para más de una docena de emisoras locales, que emiten en su mayoría por ondas, sin que se conozcan intervenciones políticas para impedirlo.