"Nuestra misión era matar"
A punto de iniciarse el proceso de desafuero contra el general Augusto Pinochet y dos décadas después de la operación conocida como caravana de la muerte (que acabó con la vida de 75 prisioneros políticos un mes después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973), uno de los máximos responsables de aquellos crímenes, el coronel Sergio Arredondo González, ha roto su silencio y con ello el pacto de lealtad implícito existente entre la policía secreta del ex dictador. Tras dos años de investigación, el juez Juan Guzmán, que investiga 77 querellas criminales contra el ahora senador vitalicio, ...
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A punto de iniciarse el proceso de desafuero contra el general Augusto Pinochet y dos décadas después de la operación conocida como caravana de la muerte (que acabó con la vida de 75 prisioneros políticos un mes después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973), uno de los máximos responsables de aquellos crímenes, el coronel Sergio Arredondo González, ha roto su silencio y con ello el pacto de lealtad implícito existente entre la policía secreta del ex dictador. Tras dos años de investigación, el juez Juan Guzmán, que investiga 77 querellas criminales contra el ahora senador vitalicio, sometió a un careo al ex jefe de la comitiva militar, el general Sergio Arellano Stark, y a su segundo, el citado Arredondo.La diligencia se realizó el 27 de enero de este año en el regimiento de Telecomunicaciones bajo la más estricta reserva. Durante cinco horas, Arellano y Arredondo se contradijeron y acusaron mutuamente de los asesinatos perpetrados. El coronel Arredondo reconoció ante el juez, que la misión que Pinochet le encomendó al general Arellano en octubre de 1973, era para matar prisioneros. Arredondo también reveló que el general Arellano siempre tuvo conocimiento de todas las ejecuciones ocurridas al paso de la caravana.
"¿Sabía que precisamente usted iba a cumplir ejecuciones?", le preguntó el juez a Arredondo en ese careo cuyo contenido se desconocía hasta ahora. "Sí, sí sabía, tomé conocimiento a través de mi general Arellano", contestó Arredondo. El general Arellano reaccionó de inmediato: "Es una aberración lo sostenido por el coronel Arredondo. Me da vergüenza que un oficial de su trayectoria falte a la verdad de esa forma. Lo expresado por él es faltar a la verdad en forma descarada".
"Mi general dijo que él estaba consciente de que la responsabilidad era del mando, del más antiguo, y de la verticalidad del mando. Yo hago mías las palabras de mi general. Así es la verticalidad del mando, pero yo no ordené asesinar", replicó el ex jefe de Estado Mayor del general Arellano en esta misión.
Si bien Arellano reconoció su implicación en los fusilamientos, se descargó de responsabilidad penal y demostró contradicciones acerca del tiempo en que supo de las muertes en distintas ciudades. Respecto de 12 de los 15 asesinatos que se llevaron a cabo en La Serena el 16 de octubre de 1973, el general dijo al juez: "Tomé conocimiento de esas muertes en 1986, cuando el general [Humberto] Gordon, me exhibió la sentencia que condenaba a muerte a esas personas, la que estaba sin firmar".
Sin embargo, respecto de los hechos de Calama, donde el 19 de octubre de 1973 a las cinco de la tarde fueron fusilados 26 prisioneros, Arellano dijo haberse enterado a su regreso de Chuquicamata "el día 19 de octubre de 1973, a las 20.00", apenas tres horas después. "Hablando con el teniente coronel Arredondo, reconoció su participación en los hechos y le ordené que elaborara un acta dando cuenta de estos hechos", aseguró. No obstante, Arredondo le contradijo: "Mi general estuvo siempre informado de las ejecuciones y el número de ellas, en La Serena, Antofagasta y Calama. (...) Como jefe del Estado Mayor del general Arellano, mi obligación era comunicarle todas las acciones sin apartarme de la verdad".
En otro punto del careo, el juez Guzmán recordó a Arellano su declaración de 1990 ante la Comisión Rettig: "Estas tres personas, Arredondo, [el coronel Marcelo] Moren y [el capitán] Fernández, me fueron impuestas como miembros de mi Estado Mayor en mi viaje al norte, y los tres consignaban en su trayectoria militar caracteres de brutalidad y crueldad desde antes de septiembre de 1973". Sin embargo, y ante evidencias documentadas que presentó Arredondo, Arellano debió admitir que Arredondo y el entonces capitán Moren sí fueron designados por él mismo para integrar la comitiva.
Arredondo y Moren "fueron designados por el suscrito para integrar la comisión al norte del país, no así el subteniente Fernández", terminó admitiendo el general. Cabe destacar que Arellano sostenía que esos tres oficiales se escaparon de su mando para cometer los crímenes.
El general también debió retractarse de la acusación de "conducta brutal y cruel" que lanzó contra Arredondo y Moren. "Esa frase debe quedar sin efecto porque nunca la dije. En este acto manifiesto que no es verdad lo expresado en dicha frase", manifestó sin perder la compostura.
Pero a pesar de las duras acusaciones que el general Arellano ha formulado contra el coronel Arredondo desde que concluyera su misión, en las que le responsabiliza de actuar a su espalda y de cometer él los crímenes, en 1978, le dio muestras de su amistad (véase pieza adjunta).
El general Arellano y el coronel Arredondo, ambos retirados, se encuentran procesados y detenidos, al igual que el subjefe de la DINA, el brigadier Pedro Espinoza, y otros tres altos oficiales, por dictamen del juez Guzmán que les acusa de delito de secuestro con agravantes de 19 personas que fueron ejecutadas en el norte del país en octubre de 1973 y que aún permanecen desaparecidas.
[Justo ayer, el diario argentino Clarín recogía las declaraciones de otros dos oficiales chilenos que, en el mismo sumario, también involucran a Pinochet, informa Efe. La noticia coincide con la orden de Guzmán para exhumar en busca de pruebas 11 cadáveres que supuestamente corresponden a desaparecidos durante la dictadura, en Concepción, a 515 kilómetros al sur de Santiago. Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, criticó ayer la decisión del Congreso de Chile por la enmienda constitucional que garantiza la inmunidad del ex dictador.]