Ley de la claridad

UNA PREGUNTA clara y una mayoría nítida, sobre las que habrá de pronunciarse el Parlamento canadiense, y una negociación con el Estado: éstas son las condiciones del Gobierno de Canadá para la eventual escisión de Quebec. Responde así a las consideraciones que hiciera en 1998 el Tribunal Constitucional. Son requisitos razonables. Los electores de Quebec y los de todo Canadá deben saber qué se decide. Se exige claridad y que el referéndum se defina por un claro margen. El Gobierno, como el Tribunal Constitucional, trata de limitar la estrategia independentista de celebrar un referéndum tras otr...

UNA PREGUNTA clara y una mayoría nítida, sobre las que habrá de pronunciarse el Parlamento canadiense, y una negociación con el Estado: éstas son las condiciones del Gobierno de Canadá para la eventual escisión de Quebec. Responde así a las consideraciones que hiciera en 1998 el Tribunal Constitucional. Son requisitos razonables. Los electores de Quebec y los de todo Canadá deben saber qué se decide. Se exige claridad y que el referéndum se defina por un claro margen. El Gobierno, como el Tribunal Constitucional, trata de limitar la estrategia independentista de celebrar un referéndum tras otro hasta que en uno haya mayoría por la ruptura, aunque sea por la mínima y tras una pregunta ambigua.La independencia de Quebec no se plantea en la actualidad. Los sondeos no sólo registran una marcada mayoría en contra de la independencia, sino que más del 70% de los habitantes están hastiados y no quieren otro referéndum. El primer ministro independentista, Lucien Bouchard, pretende convocar otra consulta para el 2003, después de que la opción secesionista perdiera en 1980 y de nuevo, por escaso margen, en 1995. La Asamblea Nacional de Quebec, con mayoría independentista, se dispone a apobar una contraley en la que proclama su "poder soberano" para definir "su propio destino".

Las condiciones del Gobierno de Canadá pueden servir de pauta para otras situaciones. La escisión de un territorio no puede nacer de una decisión unilateral, sino de una negociación con el Estado del que forma parte. El problema sería aún más complicado si el territorio forma parte de dos Estados y de una entidad supranacional, como la UE. Requeriría no sólo una negociación con el Estado de origen, sino la aprobación por unanimidad de todos los demás Estados miembros de la UE y, de acuerdo con el Tratado de Amsterdam, del Parlamento Europeo. Quebec es, comparativamente, un caso sencillo.