Gil aprueba la revisión del PGOU de Marbella y admite que no se adapta a lo exigido por la Junta
El Ayuntamiento de Marbella cerró ayer el último trámite que corre de su cuenta para finalizar con su revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La corporación aprobó, con los votos en contra de la oposición y la abstención del Grupo Mixto, el expediente de cumplimiento a la resolución de la comisión provincial de urbanismo que el 20 de julio de 1998 que paralizó el plan. Jesús Gil, alcalde de la localidad, aseguró que el documento cumple con todos los requisitos, aunque reconoció que no se adapta en su totalidad a la resolución de la Junta.
La oposición le echó en cara a Gi...
El Ayuntamiento de Marbella cerró ayer el último trámite que corre de su cuenta para finalizar con su revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La corporación aprobó, con los votos en contra de la oposición y la abstención del Grupo Mixto, el expediente de cumplimiento a la resolución de la comisión provincial de urbanismo que el 20 de julio de 1998 que paralizó el plan. Jesús Gil, alcalde de la localidad, aseguró que el documento cumple con todos los requisitos, aunque reconoció que no se adapta en su totalidad a la resolución de la Junta.
La oposición le echó en cara a Gil que "haya hecho caso omiso de las alegaciones presentadas". En un pleno en el que los gritos de detractores y defensores de Gil interrumpieron varias veces las intervenciones políticas, el alcalde defendió la legalidad del documento que elevará hoy a la Comisión Provincial de Urbanismo, el órgano competente para aprobarlo definitivamente. "Ratificamos un modelo de ciudad que se adapta plenamente a la ley", dijo. Sin embargo, Gil no se mostró optimista con que la Junta le vaya a dar el visto bueno. "Me imagino que lo denegarán todo. El PSOE está enfadado porque les estábamos haciendo el juego sucio y gratis, ya que los votos se los quitábamos al PP", aseguró en referencia a su reciente decisión de no concurrir a las elecciones generales.
Gil reconoció que el documento no acata todas y cada una de las denegaciones de la comisión, que le paralizó el plan, entre otras cosas, por pretender la recalificación de 11 millones de metros cuadrados de terreno forestal. "Les hemos demostrado que carecían de razón", dijo. En su opinión, no se podía cumplir a rajatabla con las exigencias de la Junta porque "hubiera sido condenar a la ciudad a la ruina total ya que la resolución no tenía en cuenta los convenios urbanísticos y acuerdos firmados y defendía un modelo anquilosado de ciudad para que Marbella vuelva a ser un pueblo de pescadores".
La oposición (excepto el Grupo Mixto, que se abstuvo en la votación) auguró también que la Junta rechazará de nuevo el plan. Pero por motivos muy diferentes. "La Comisión no va a tener nada que estudiar", aseguró la portavoz del grupo socialista, Isabel García Marcos, que tuvo que ver cómo el alcalde salía de la sala cuando comenzaba su intervención.
Texto refundido
El popular Diego Maldonado instó al equipo de gobierno a redactar un texto refundido tal y como les exige la resolución y "evitar así la inseguridad jurídica, la especulación y la arbitrariedad por parte del Ayuntamiento". Carlos Fernández (PA), al que Gil le retiró la palabra en numerosas ocasiones, apuntó en este mismo sentido.
Otro de los puntos más criticados fue que de las más de 2.000 alegaciones presentadas al expediente sometido a exposición pública, sólo se hayan tenido en cuenta una treintena. "No se ha contestado a ni una sola", aseguró García Marcos quien cifró por su parte en unas 50.000 las alegaciones presentadas desde que el 17 de agosto se aprobase inicialmente el expediente. "Sólo se ha presentado un listado que consiste en poner al lado se desestima", dijo.
Gil, por su parte, comentó que las alegaciones han sido infladas: "hay 20 y se han presentado 1.000 copias". Acusó a García Marcos de ser la culpable de que la comisión le paralizase la revisión en 1998. También le echó en cara haber intentado "asfixiar económicamente a la ciudad" con más de 500 denuncias en materia urbanística solicitando la paralización de obras.
Por otra parte, la corporación aprobó pedir a la Junta una prórroga de las competencias de urbanismo que se habían delegado a los ayuntamientos hace cinco años. Los partidos de la oposición votaron en contra (con excepción del Grupo Mixto) al considerar que "no se cumplen los requisitos legales para tener estas competencias".