Fiscalía no aprecia delito en el caso del asilo donde murieron 25 ancianos

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, José Antonio Romero, afirmó ayer que, en principio y a la espera de conocer en profundidad el expediente, no intuyo delito en el caso de la residencia ilegal de la tercera edad de Formentera del Segura (La Vega Baja) donde en el último año murieron 25 de los 35 ancianos que acogía."De todas formas y hasta que no recibamos el expediente de Consejería de Bienestar Social y lo examinemos no daremos una opinión definitiva", argumentó Romero. "Por lo que conocemos a través de los medios de comunicación, pensamos que el caso puede quedar en una ...

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, José Antonio Romero, afirmó ayer que, en principio y a la espera de conocer en profundidad el expediente, no intuyo delito en el caso de la residencia ilegal de la tercera edad de Formentera del Segura (La Vega Baja) donde en el último año murieron 25 de los 35 ancianos que acogía."De todas formas y hasta que no recibamos el expediente de Consejería de Bienestar Social y lo examinemos no daremos una opinión definitiva", argumentó Romero. "Por lo que conocemos a través de los medios de comunicación, pensamos que el caso puede quedar en una sanción administrativa", añadió el fiscal jefe.

La Consejería de Bienestar Social, en contra de lo inicialmente anunciado por su titular, Carmen Mas, ha decidido dar traslado a la Fiscalía del expediente abierto a la dirección de la residencia. En principio, según se acordó en una reunión celebrada el viernes entre el fiscal jefe y los asesores jurídicos de la consejería, el expediente iba a ser remitido ayer a la Fiscalía, hecho que finalmente no se produjo.

Por otra parte, la consejera de Bienestar Social comparecerá mañana, miércoles, en las Cortes valencianas para explicar los hechos ocurridos en la residencia y las medidas adoptadas por su departamento, que concluyeron con la clusura del centro. La comparecencia de Mas se produce a petición propia, aunque los grupos de la oposición, PSPV y EU, habían cursado sendas peticiones en este sentido.

Carmen Mas, que ayer suspendió tres actos previstos en la provincia de Alicante (dos en la ciudad de Villena, y un tercero en la capital) por motivos de agenda, según señaló el gabinete de prensa, tendrá que explicar la acción inspectora de la consejería a la hora de controlar la actividad de residencias que abren sin contar con los permisos oficiales. En este sentido, la Ley de Servicios Sociales, aprobada en junio de 1997, establece que Bienestar Social debería contar con una plantilla de 16 inspectores. Sin embargo, este departamento sólo dispone de seis, que trabajan a las órdenes de una dirección general.

El portavoz de EU, Joan Ribó, señaló ayer que su grupo había solicitado con anterioridad tanto una interpelación como una comparecencia de la consejera para que informará de la situación de la residencia, y "que misteriosamente" en la Mesa, encargada de tramitar los documentos ha desaparecido, informa Efe. "Es preocupante que cada vez que se traspapelan propuestas son de EU", dijo Ribó, quien añadió que, aunque posteriormente se rectifican en la junta de portavoces, ponen de manifiesto que "cuando un grupo no está representado en la Mesa, siempre que hay un error se le perjudica".