Garzón exige al abogado del Estado que inste la quiebra de 'Egin'

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha exigido al abogado del Estado que inste la declaración de quiebra de Orain, SA, la sociedad editora del clausurado diario Egin.El Servicio Jurídico del Estado se había negado a iniciar el procedimiento por entender que es una actividad que no se encuentra dentro de sus atribuciones y que es particular, y que, por ello, debería de estar retribuida.

El fiscal del caso Egin, Enrique Molina, en su informe ha señalado que la actuación del abogado del Estado en este caso no es voluntaria, sino una "imposición legal" en la que r...

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha exigido al abogado del Estado que inste la declaración de quiebra de Orain, SA, la sociedad editora del clausurado diario Egin.El Servicio Jurídico del Estado se había negado a iniciar el procedimiento por entender que es una actividad que no se encuentra dentro de sus atribuciones y que es particular, y que, por ello, debería de estar retribuida.

El fiscal del caso Egin, Enrique Molina, en su informe ha señalado que la actuación del abogado del Estado en este caso no es voluntaria, sino una "imposición legal" en la que representa al juzgado y no a una entidad mercantil privada.

Garzón ha asumido el informe del fiscal y ha exigido al Servicio Jurídico del Estado que inste la quiebra, de acuerdo con el informe del administrador judicial, "para un adecuado funcionamiento del mecanismo obligatorio de auxilio a la Administración de Justicia, en una actividad que no es particular, ni viene motivada por una actuación voluntaria de las empresas intervenidas, sino que su intervención se deriva del hecho de que presuntamente han constituido instrumentos en manos de la organización terrorista ETA, para el desarrollo de sus fines".

Garzón, en la providencia notificada ayer, pone de manifiesto "el retraso y detrimento" que la causa está sufriendo debido a la postura del abogado del Estado, que no se ajusta a la orden de 29 de julio de 1994 que declara que el asesoramiento y representación del Servicio Jurídico del Estado es una imposición legal y que para ello debe designar a los abogados del Estado necesarios para su colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en calidad de funcionarios imparciales y cualificados. Asimismo Garzón manifiesta en la providencia la imposiblidad de pagar honorarios al abogado del Estado.

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