El Síndic advirtió en 1996 de la proliferación de centros "clandestinos" de ancianos y de la falta de inspección
"Se ha de intensificar la actividad inspectora de la Administración". El informe elaborado por el Síndic de Greuges en 1996 alertaba sobre la "proliferación" de residencias clandestinas de la tercera edad y sobre la "falta de marco legal adecuado" y la carencia de un régimen sancionador de la función inspectora. También destacaba la escasez de plazas públicas y las elevadas listas de espera, una situación particularmente grave en la Vega Baja, donde se encuentra la clausurada residencia Levante. En esta comarca alicantina, la lista de espera es superior al número de plazas públicas disponibles...
"Se ha de intensificar la actividad inspectora de la Administración". El informe elaborado por el Síndic de Greuges en 1996 alertaba sobre la "proliferación" de residencias clandestinas de la tercera edad y sobre la "falta de marco legal adecuado" y la carencia de un régimen sancionador de la función inspectora. También destacaba la escasez de plazas públicas y las elevadas listas de espera, una situación particularmente grave en la Vega Baja, donde se encuentra la clausurada residencia Levante. En esta comarca alicantina, la lista de espera es superior al número de plazas públicas disponibles.
Los problemas en el servicio de inspección de la dirección general de Servicios Sociales que se han puesto en evidencia tras la clausura de la residencia de la tercera edad Levante de Formentera del Segura no son nuevos. En el informe anual que el Síndic de Greuges presenta a las Cortes correspondiente al año 1996, el entonces responsable de la institución, Arturo Lizón, incluyó duras conclusiones y recomendaciones dirigidas a la entonces consejera de Bienestar Social, Marcela Miró. El documento incidía en la necesidad de "intensificar la actividad inspectora" de la Administración, para "garantizar la calidad exigida en la prestación de la asistencia residencial". Y abogaba, ante la "proliferación de residencias clandestinas que no ofrecen ningún tipo de garantía a los usuarios", por la vía de la colaboración ciudadana y por "sensibilizar a la población". Entre las recomendaciones que proponía el informe se incluía la "homologación de un distintivo en los centros autorizados" que facilitaría la identificación de los centros ilegales.
Los mismos inspectores
Un año más tarde, la Administración popular de Eduardo Zaplana elaboró una nueva ley de Servicios Sociales. Su aplicación, sin embargo, dejó pasar la oportunidad de subsanar los defectos detectados por el Síndic. La ley exige un servicio de inspección de 16 personas, sin embargo, sólo hay seis, los mismos que en 1997. Desde entonces hasta septiembre de este año, se han presentado ante la consejería de Bienestar Social 144 quejas y denuncias. Pese ha haber cerrado nueve centros que funcionaban sin autorización, el departamento que dirije Carmen Mas archivó 114 expedientes. Además, el texto legal está por desarrollar normativamente en su amplia mayoría.
Otro de los aspectos que el Síndic aborda es la escasez de plazas públicas en la Comunidad y la conclusión de que la gestión directa por la Administración de centros residenciales "es una alternativa prácticamente descartada". El informe recoge que no se cumple ni la relación recomendada de 3,5 plazas -entre públicas y privadas- por cada 100 personas mayores de 65 años ni 1,5 públicas por cada 100. Respecto a la primera, la situación en la Comunidad es de un ratio de 2,81. En plazas públicas apenas se alcanzan las 0,7 por 100 ancianos, según datos de 1998.
Esta situación es especialmente problemática en la Vega Baja, en la que se encontraba la residencia Levante: las listas de espera de la red pública superan en número a las plazas que se ofertan. En esta comarca existen dos centros públicos para ancianos: el de Benejúzar, que dispone de 60 plazas, y el de Torrevieja, con capacidad para 120 internos. En Orihuela funciona un centro concertado, la clínica geriátrica El Castillo, adscrita al sistema de bono-residencia, con más de un centenar de plazas. Ante esta situación, los ancianos acuden a centros privados, en muchos casos ilegales, como única salida.
Aunque la desproporción es mayor en La Vega Baja, las listas de espera para ingresar en centros públicos son muy elevadas en la provincia de Alicante y en el resto de la Comunidad. La consejera de Bienestar Social, Carmen Mas, adelantó ayer que en la comparecencia ante la Comision de Politíca, Social y Empleo de las Cortes que ha solicitado voluntariamente con carácter de urgencia, explicará el plan de actuación "de lo que se ha hecho y se hará para que los Servicios Sociales que se prestan a los mayores sean los mejores", así como el plan de autoevaluación "en positivo, servicio para intensificar las inspecciones".
La consejera instó ayer de nuevo a la oposición a que le comunique cuáles son las residencias ilegales que ayer denunció, que según el diputado socialista Antonio Torres se elevan a 100, dato sobre el que ayer se reafirmó, entre residencias de tercera edad y de enfermos mentales. "No tenemos conocimiento de que exista ningún centro ilegal en la Comunidad", aseveró Mas.
El diputado autonómico de Esquerra Unida Juan Antonio Oltra a replicó las manifestaciones de Mas. Si la red pública de asistencia a ancianos tuviera recursos suficientes, "no se producirían situaciones ilegales como la sucedida en Formentera del Segura", señaló.