Un decreto regional obliga a suscribir un seguro a todos los dueños de perros

No hay excepciones. Grandes o pequeños, peligrosos o no, sean de la raza que sean, todos los propietarios de perros de la Comunidad de Madrid -se calculan unos 400.000- deberán contratar un seguro obligatorio de responsabilidad civil para cubrir los daños o lesiones que puedan causar sus animales a terceras personas. Así lo establece el nuevo decreto regional que regula la tenencia de perros y gatos, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. El decreto entrará en vigor a finales de año, según explicó ayer el consejero, Carlos Mayor Oreja (PP). Los propietarios de...

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No hay excepciones. Grandes o pequeños, peligrosos o no, sean de la raza que sean, todos los propietarios de perros de la Comunidad de Madrid -se calculan unos 400.000- deberán contratar un seguro obligatorio de responsabilidad civil para cubrir los daños o lesiones que puedan causar sus animales a terceras personas. Así lo establece el nuevo decreto regional que regula la tenencia de perros y gatos, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. El decreto entrará en vigor a finales de año, según explicó ayer el consejero, Carlos Mayor Oreja (PP). Los propietarios de los animales disponen de un año para asegurar a sus mascotas.Los precios de los seguros obligatorios para perros varía en función del tamaño, del peso y de la supuesta peligrosidad del animal. En términos generales, a los dueños de canes pequeños y pacíficos el seguro anual obligatorio les costará unas 3.500 pesetas al año y les cubrirá los daños causados por valor de hasta 10 millones, según explicaron ayer directivos de una compañía aseguradora. Dentro de esta categoría entran los caniches y similares. A los propietarios de canes de más de 25 kilos, considerados por las aseguradoras como peligrosos, les saldrá más caro: unas 9.200 pesetas al año. Dentro de este apartado estarían las razas pit-bull, rottweiller, pastor alemán y otras, según explicaron ayer esos mismos directivos.

Mayor Oreja explicó los diferentes precios de los seguros con un símil automovilístico: "No cuesta lo mismo el seguro de un Rolls-Royce que el de un Clio", señaló.

Medio Ambiente ofrecerá ayudas económicas para aquellas personas a las que les suponga un esfuerzo económico el pago del seguro, pero que quieran tener un perro: "Los jubilados, los parados, todo aquel que requiera de los servicios de un perro, como los ciegos, o aquellos que simplemente quieran tener perro, pero que les suponga un esfuerzo económico el pago del seguro, la consejería les dará una subvención", aseguró Mayor Oreja.

El consejero aseguró ayer que el Gobierno regional va a negociar con las aseguradoras para que los precios de los seguros de perros no se disparen.

Los perros con antecedentes por ataques o los "previsiblemente peligrosos" deberán llevar bozal

El nuevo decreto regional opta por evitar una lista de perros peligrosos, aunque advierte que los propietarios deberán cumplir algunas condiciones para pasear a sus animales por la calle. En algunos casos, el bozal será obligatorio. El artículo 15.3 establece que deberán llevar bozal "aquellos animales cuya peligrosidad sea razonablemente previsible, dada su naturaleza y características y, en todo caso, en aquellos con antecedentes de agresión al entorno humano o animal". Pero "la peligrosidad del animal la debe determinar el propietario del animal", según Pedro Irastorza, director general de Agricultura.En el primer borrador de decreto que elaboró su departamento, era la Comunidad de Madrid quien establecía la clasificación de perros peligrosos. Este documento aumentaba a 40 (la anterior normativa, de principios de año, sólo fijaba 17) el número de razas catalogadas como peligrosas. El borrador de decreto, conocido en agosto, molestó a los defensores de los animales, que denunciaron que la clasificación de 40 razas como peligrosas provocaría un abandono masivo de este tipo de perros. A los centros de recogida de animales llegaron en agosto numerosos propietarios para desprenderse de sus perros.

"Criminalizar unos perros"

El nuevo decreto ha eliminado el concepto de razas peligrosas "para evitar criminalizar determinados perros", según afirmó ayer el consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja. "Se va a castigar a los propietarios, no a los animales", añadió. "Actualmente", explica la memoria del decreto, "es un criterio generalizado el de considerar que son los criadores, adiestradores, vendedores, importadores y dueños de perros los responsables de la conducta agresiva de ciertos animales y de los perjuicios que puedan causar a terceros".

El artículo que obliga a llevar bozal a los perros de razas que hayan cometido agresiones y a los que sean potencialmente peligrosos -así de imprecisa es la norma- se verá completado con un futuro registro que la Consejería de Medio Ambiente va a elaborar en la región: el de la siniestrabilidad de los perros. Irastorza admite la indefinición del nuevo decreto: "Es cierto que este artículo es algo impreciso, pero quedará reforzado con un futuro censo de agresiones caninas. En el historial de cada raza, quedará reflejado si ha cometido alguna agresión, tanto a personas como a animales. Cuando un agente de las fuerzas de seguridad compruebe que un perro aparentemente peligroso no lleva el bozal puesto y, al leerle el microchip identificativo al can se compruebe que tiene antecedentes por agresiones, ya sea contra otros perros o contra personas, se le podrá imponer la máxima sanción", explicó Irastorza.

Eso sí, "todos los perros adiestrados para la guarda y defensa deberán llevar bozal. También aquellos de peligrosidad previsible, como los rottweiler o los pitbull", aseguró Irastorza. El decreto establece una medida contundente para los propietarios de perros peligrosos. "Aquellos dueños que azucen a sus perros contra otros o contra personas, o cuyos perros reincidan en los ataques, serán inhabilitados para la tenencia de canes por un tiempo de hasta 10 años. Además, se les sancionará con las máximas multas que contempla el decreto", añadió. Las sanciones administrativas que puede imponer la Comunidad varían entre las 400.000 pesetas y los 2,5 millones.

Ante la imprecisión del decreto en cuanto a las agresiones de perros peligrosos, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja afirmó que "la Comunidad aplicará una mayor o menor sanción al propietario del perro en función de los agravantes que concurran en cada caso".

El decreto de la Comunidad prohíbe la entrada de perros en las zonas de juego reservadas para los niños en los parques públicos y el que los canes beban en las fuentes públicas. Medio Ambiente afirma que apoyará con subvenciones económicas a los ayuntamientos para la construcción de recintos cerrados exclusivos para los perros e instó a las administraciones locales a poner fuentes públicas exclusivas para los canes.

El nuevo decreto, en contra del borrador de agosto, ha eliminado la prohibición del uso de las correas extensibles, medida muy protestada por los defensores de los perros. El artículo 15.1 del nuevo decreto esboza cómo se debe utilizar la correa extensible: "Los usuarios deberán utilizarlas de forma que se eviten molestias o daños a otros viandantes o animales". Pero, como no todos los propietarios saben cómo deben llevar a su perro por la calle, Medio Ambiente "se compromete a ofrecer clases de adiestramiento y comportamiento para los dueños de los perros", según explicó Irastorza. La nueva regulación sancionará a aquellos propietarios de animales que no comuniquen la pérdida del animal antes de 72 horas. Medio Ambiente lo considerará como un abandono del animal y podrá imponer al propietario la sanción máxima (2,5 millones).

Toda la noche en la terraza

El borrador de agosto establecía que el perro no podía estar toda la noche en la terraza por las molestias, especialmente por los ladridos, que causan a los vecinos. El artículo 13.2 del nuevo decreto elimina la prohibición. Regula, aunque de manera poco concreta, cómo se debe tener al perro en la terraza: "Si el animal no habita dentro de una vivienda, no podrá permanecer atado permanentemente, procurándosele [al perro] un recinto cerrado con las adecuadas medidas de seguridad e higiene". El apartado siguiente del mismo artículo establece una excepción: "Se prohíbe la estancia permanente de los animales en terrazas de las viviendas, patios y jardines si no se cumplen las condiciones establecidas".

El número máximo de perros que podrá tener una persona será de cinco. Si se supera esta cifra, se deberá solicitar una autorización especial, tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad.

El incumplimiento de algún artículo del decreto de tenencia de perros "podrá determinar la retirada provisional del animal".

La Comunidad de Madrid ha impuesto este decreto regional, pero deja en manos de los ayuntamientos las funciones de vigilancia y control de las condiciones de tenencia de perros y gatos", según explica en su artículo 13.12 la nueva normativa autonómica.

Los grupos ecologistas se oponen al seguro obligatorio

La Asociación de Defensa de los Animales (Adda), que forma parte de Ecologistas en Acción, denunció ayer el decreto regional por la imposición del seguro obligatorio a los propietarios de todo tipo de perros. "Sólo aquellos propietarios de perros con antecedentes de agresiones a personas u otros animales son los que debían de estar obligados a asegurarlos", señaló la portavoz de Adda, Marisa Pallas.El artículo 11.1 del decreto que regula la Tenencia, Circulación, Identificación y Registro de Perros y Gatos en la Comunidad de Madrid establece: "Todos los titulares de perros registrados deben contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra la posible indemnización por los daños que los animales puedan provocar".

Y establece un plazo máximo de un mes, desde la identificación y registro del animal, para la contratación del seguro por parte del propietario del animal.

Los ecologistas aseguran que "el decreto es injusto", según Pallas. Y lo mantiene: "El único seguro que es obligatorio en España es el de los coches. Y no se puede comparar la siniestralidad de los coches con la de los perros", añadió. Pallas puso como ejemplo la política de otros países europeos para defender su teoría: "En Holanda y otros países ya existe esta regla. Allí, antes de obligarle a alguien a asegurar a su perro, elaboran un estudio de la siniestralidad de los canes. Cuando ven que una raza protagoniza repetidos ataques, a esos perros se les obliga a obtener el seguro. Pero al resto, no", explicó. Y agregó que "la obligatoriedad de la obtención del seguro debería ir en función de la morfología del animal y el adiestramiento que se le ha dado, como los de guarda y defensa".

El portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, comentó que antes de obligar a asegurar a todos los canes habría que analizar qué perros son los agresivos.

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