La acusación dice que Liaño tuvo "manifiesto interés" en perjudicar a Polanco y a Sogecable

Horacio Oliva, abogado de Sogecable, confirmó ayer su petición de 60 años de inhabilitación por tres delitos de prevaricación para el juez Javier Gómez de Liaño y afirmó que éste "tuvo manifiesto interés en el proceso, bien por perjudicar a Polanco, beneficiar a su pariente Campmany o beneficiar al Gobierno, bien todo a la vez". Oliva acusó de mentir en el juicio al fiscal Ignacio Gordillo y dejó al criterio de la Sala el deducir testimonio contra él. El tribunal rechazó la petición de la defensa de Liaño de citar a varios nuevos testigos para "no desviar el objeto del proceso".

El letr...

Horacio Oliva, abogado de Sogecable, confirmó ayer su petición de 60 años de inhabilitación por tres delitos de prevaricación para el juez Javier Gómez de Liaño y afirmó que éste "tuvo manifiesto interés en el proceso, bien por perjudicar a Polanco, beneficiar a su pariente Campmany o beneficiar al Gobierno, bien todo a la vez". Oliva acusó de mentir en el juicio al fiscal Ignacio Gordillo y dejó al criterio de la Sala el deducir testimonio contra él. El tribunal rechazó la petición de la defensa de Liaño de citar a varios nuevos testigos para "no desviar el objeto del proceso".

El letrado de Sogecable afirmó que el juez procesado "siempre actuó de forma preconcebida y consciente para perjudicar a Polanco y Sogecable". Así, explicó, el juez admitió una denuncia presentada por un amigo suyo y familiar de su mujer, dio por buena una querella ejercitando la acción popular de un conocido testaferro que no estaba habilitado para ejercer la abogacía y, cuando la acusación contra Sogecable se le quedaba desvanecida, el juez ampliaba los objetos de investigación a otros delitos hasta convertir el proceso en algo próximo a una causa general.Oliva subrayó que desde el principio, "el proceso contra Sogecable fue un puro artificio, mantenido artificialmente por el juez y el fiscal". Los datos de la querella eran ciertos, dijo, como no podía ser de otra manera, puesto que habían sido recogidos de registros públicos donde los habían aportado los querellados, pero no constituían delito alguno.

Resoluciones prevaricadoras

El letrado, tras exponer el clima general en el que se movía el juez, detalló las tres resoluciones que considera prevaricadoras. El prohibir a los directivos de Sogecable el abandonar el territorio nacional sin su autorización a pesar de no considerarlo una medida cautelar; el empecinamiento en decretar el secreto del sumario, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya le había ordenado que lo levantase por "falto de justificación, desproporcionado, innecesario, irrazonable e inadecuado"; y la imposición a Polanco de una fianza de 200 millones de pesetas para eludir la prisión cuando ya los peritos le habían informado que en la actuación de Sogecable no había delito alguno.

Oliva subrayó que cuando Liaño impuso la fianza a Polanco los peritos ya le habían dicho que no había pasivo oculto en Sogecable, que no había obligación de inmovilizar los depósitos de garantía en cuentas bancarias, que no podía hablarse de reparto de dividendo con cargo a los depósitos, que no había apropiación indebida, ni falsedad, ni estafa, que todo había sido correcto. También conocía los informes de la policía judicial y los autos de la Sala que le habían revocado todas las decisiones que había tomado. Y sabía que el fiscal general del Estado había ordenado al fiscal del caso que se opusiera a las medidas cautelares. ¿Por qué no tuvo la prudencia necesaria?, se preguntó el abogado. "Si objetivamente esa resolución es prevaricadora", concluyó, " subjetivamente lo es más porque lo que más quería el juez era meter a Polanco en la cárcel".

El letrado explicó que Liaño no quería aceptar la realidad. "Solo puede recurrir a mentir para ocultar la realidad de lo ocurrido y hacer creer a los demás que actuaba correctamente". Y puso como ejemplo la resolución del secreto. El juez dijo que acordó el secreto porque se lo pidió la policía, porque se trataba de hechos nuevos, que el fiscal del Estado lo conocía y estaba de acuerdo y que no suponía desobediencia a la orden de la Sala de levantar el secreto.

Mentiras

Dice el letrado que "los cuatro extremos del esquema del juez son mentira". "Tras la orden de la Sala, el juez enfadado llamó al fiscal Gordillo para hacer algo. Después llamó a la policía, no le dijo que se había levantado el secreto y es él quien le pide que le mande un fax. En el informe no hay ningún hecho nuevo, no se informó al fiscal general del Estado y no se cumplió lo ordenado por la Sala sino que desobedeció". Sobre este extremo, precisó, "han mentido el oficial, el fiscal y el juez", para encubrir los hechos.

Respecto a la prohibición de salida del territorio nacional a los directivos de Sogecable, el letrado señaló que el juez trató de ocultar que era una medida cautelar para evitar el juicio por injerencia en derechos fundamentales. "Son tres resoluciones injustas y a sabiendas", dijo. "El juez buscó su justicia. Conoce el derecho, está desobedeciendo y utiliza eufemismos para retorcer la realidad y el derecho".

Previamente se habían tratado en los informes varias cuestiones previas que ya fueron rechazadas en su día por el tribunal.