Exteriores remite al PSOE y CiU los documentos que envió a Chile

MadridEl Gobierno remitió ayer a los grupos parlamentarios los documentos relacionados con el caso Pinochet que habían solicitado el PSOE y CiU y que serán los mismos que se enviarán al juez Baltasar Garzón si llegan a ser firmes los autos en los que el magistrado reclamó información al ministro Abel Matutes. Los abogados españoles de Pinochet presentaron un escrito en el que advierten de que su personación no implica reconocer la jurisdicción de los tribunales españoles para juzgar al exdictador chileno.

Asuntos Exteriores envió ayer, a petición de los grupos socialista y de CiU, los d...

MadridEl Gobierno remitió ayer a los grupos parlamentarios los documentos relacionados con el caso Pinochet que habían solicitado el PSOE y CiU y que serán los mismos que se enviarán al juez Baltasar Garzón si llegan a ser firmes los autos en los que el magistrado reclamó información al ministro Abel Matutes. Los abogados españoles de Pinochet presentaron un escrito en el que advierten de que su personación no implica reconocer la jurisdicción de los tribunales españoles para juzgar al exdictador chileno.

Asuntos Exteriores envió ayer, a petición de los grupos socialista y de CiU, los documentos enviados a Chile sobre el caso Pinochet y que son de dos tipos: dos o tres documentos de carácter interno, consistentes en informes de la asesoría jurídica internacional del ministerio e informes de expertos, y otro del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, fechado en noviembre de 1998 con los fundamentos de su posición sobre la extradición. Fuentes de Exteriores aseguraron que ninguno de los documentos está sujeto al secreto del sumario. Y que el Gobierno sigue interesado en la vía puramente judicial. Diego López Garrido, presidente de Nueva Izquierda, anunció ayer que reclamará hoy los mismos documentos al Gobierno.Estos documentos son los que reclamó Garzón al titular de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, y que serán enviados por el ministerio al juez cuando la Audiencia Nacional resuelva el recurso de queja interpuesto por la Fiscalía contra dicha petición.

Por su parte, los abogados españoles de Augusto Pinochet enviaron ayer a la Audiencia Nacional un escrito de un folio en el que solicitan personarse en las actuaciones del juez Baltasar Garzón para poder tener acceso a la causa. Un procurador, Jesús Iglesias Pérez, depositó el escrito en el juzgado central 5, pero al encontrarse el juez Garzón de vacaciones el documento fue reenviado a su sustituto, el juez central 1, Juan del Olmo.

En el escrito se sostiene que la personación en la causa no supone la aceptación de la jurisdicción de los tribunales españoles para juzgar a Pinochet. Ésta es una baza de la defensa que previsiblemente impugnará la jurisdicción española para juzgar las torturas cometidas bajo el mandado presidencial de Pinochet entre diciembre de 1988 y 1990, cuando abandonó el pocer.

También pedirá la nulidad de todas las actuaciones procesales desde su inicio, en paralelo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que aplicó la teoría del "árbol envenenado" para extender la pretendida nulidad del auto de prisión de Pinochet al auto de procesamiento y a la propia extradición.

El escrito de personación quedó pendiente de estudio del juez Del Olmo, que previsiblemente lo trasladará al fiscal y a las demás partes personadas en la causa. En tal caso, y debido al gran número de acusaciones populares y particulares personadas contra el senador vitalicio -se habla de un total de 17 acusaciones entre entidades pro derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura-, la decisión se demorará hasta septiembre.

El letrado José María Stampa manifestó el martes que se habían decidido a personarse en la causa en parte para evitar la imagen que está dando la Fiscalía de la Audiencia Nacional de ser la defensora del ex dictador.

Fuentes de la Fiscalía apuntaron ayer que "lo más lógico" sería admitir la personación de los abogados de Pinochet ya que no puede considerarse que éste se encuentre en rebeldía al estar detenido y procesado y estar directamente afectado por el procedimiento que se sigue en España contra él. Sin embargo, precisaron que antes de que el ministerio fiscal emita su informe tendrán que estudiar la solicitud de la defensa.

Otras fuentes jurídicas mantienen que el juez no puede admitir la personación de un imputado que se encuentra fuera de España y al que no puede tomar declaración ni comunicarle en persona su procesamiento.