Dos recursos de incompetencia

Magdalena Álvarez, consejera de Economía, vapuleó los datos del Ejecutivo central tras un Consejo de Gobierno en el que la Junta anunció el lanzamiento de dos nuevas armas de confrontación con La Moncloa. Se trata de dos recursos de incompetencia para que el Gobierno derogue sendas normativas que, a juicio de la Junta, invaden su terreno. Uno de ellos insta a la derogación del Real Decreto que autoriza la explotación de la nueva lotería de modalidad instantánea o presorteada. La Junta sostiene que el Estado no tiene reservada expresamente la competencia en materia de juego, ya que, según el E...

Magdalena Álvarez, consejera de Economía, vapuleó los datos del Ejecutivo central tras un Consejo de Gobierno en el que la Junta anunció el lanzamiento de dos nuevas armas de confrontación con La Moncloa. Se trata de dos recursos de incompetencia para que el Gobierno derogue sendas normativas que, a juicio de la Junta, invaden su terreno. Uno de ellos insta a la derogación del Real Decreto que autoriza la explotación de la nueva lotería de modalidad instantánea o presorteada. La Junta sostiene que el Estado no tiene reservada expresamente la competencia en materia de juego, ya que, según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ésta corresponde a la comunidad. El Consejo entiende que la autorización de la nueva lotería supone una "extralimitación" del Gobierno, que "conculca" el principio de lealtad constitucional al haber "obviado" la opinión de las comunidades. El Ejecutivo andaluz asegura que la creación de esta lotería debió debatirse en la recientemente constituida Conferencia Sectorial del Juego, creada precisamente para abordar estas cosas. El otro recurso reclama la derogación de varias disposiciones contenidas en un Real Decreto aprobado por el Gobierno central sobre la concesión de subvenciones públicas estatales en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales y en una resolución que recoge la convocatoria de dichas subvenciones para este año. En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Rafael Camacho, explicó que ambas normas vulneran las competencias exclusivas de la comunidad autónoma de Andalucía en materia de medio ambiente y de espacios naturales protegidos.