Isabel Tocino dice que la destrucción del marjal de Pego no le compete

La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, afirmó ayer que el Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva, objeto de transformaciones agrícolas que destruyen sus valores ecológicos desde hace años, es de competencia autonómica, aunque aseguró que su ministerio ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Pego a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Tocino respondía así a la diputada socialista María Luisa Bartolomé, quien lamentaba las agresiones que desde marzo de 1996 se producen en el parque. La ministra Tocino explicó que su ministerio no tiene competencias sobre es...

La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, afirmó ayer que el Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva, objeto de transformaciones agrícolas que destruyen sus valores ecológicos desde hace años, es de competencia autonómica, aunque aseguró que su ministerio ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Pego a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Tocino respondía así a la diputada socialista María Luisa Bartolomé, quien lamentaba las agresiones que desde marzo de 1996 se producen en el parque. La ministra Tocino explicó que su ministerio no tiene competencias sobre ese parque, sino que compete a la Generalitat. No obstante, aseguró que, en lo que sí tiene competencias, Medio Ambiente ha actuado abriendo un expediente sancionador al Ayuntamiento pegolino, que impulsó la destrucción del marjal con los votos del alcalde, independiente (antes de UV) y de los concejales del PP. Tocino invitó a la diputada socialista a que "si le parece poco", acuda a otros foros. Asimismo, aseguró que la preocupación de Medio Ambiente por los marjales se refleja en el plan estrategico de humedales que ha elaborado y que ha permitido a España convertirse en la sede del Convenio sobre Humedales Ramsar que se celebre en el 2002. Bartolomé, por su parte, calificó a la ministra como "totalmente incompetente" y denunció que las agresiones "siguen estando consentidas por las administraciones". También criticó la "tímida" actuación de la Confederación y lamentó que "nadie ha actuado con seriedad y contundencia contra la actitud prepotente e insultante de un alcalde que anima a que estas actuaciones denunciadas como delito ecológico se produzcan".