La tercera oportunidad

El menudo concejal de Limpieza de Madrid se llama Luis Molina y milita en el PP desde siempre. Ahora está en funciones y pronto será ex concejal, pues le quitaron de las listas. Hace unas semanas visitó el despacho del socialista Juan Barranco para contarle un secreto. "Yo no soy un corrupto", le soltó. Cuando Barranco supo qué inquietaba a Molina, comentó: "Intuía que la descomposición del gobierno municipal era grande..., pero no hasta el punto del ¡sálvese quien pueda!". Molina intentaba convencer de su honradez a la oposición para frenar la loca carrera de un libelo infamatorio que circula...

El menudo concejal de Limpieza de Madrid se llama Luis Molina y milita en el PP desde siempre. Ahora está en funciones y pronto será ex concejal, pues le quitaron de las listas. Hace unas semanas visitó el despacho del socialista Juan Barranco para contarle un secreto. "Yo no soy un corrupto", le soltó. Cuando Barranco supo qué inquietaba a Molina, comentó: "Intuía que la descomposición del gobierno municipal era grande..., pero no hasta el punto del ¡sálvese quien pueda!". Molina intentaba convencer de su honradez a la oposición para frenar la loca carrera de un libelo infamatorio que circulaba por la Casa de la Villa y donde se contaba que las empresas privadas encargadas de la limpieza de la ciudad le habían regalado un chalé en la sierra madrileña a cambio de concesiones multimillonarias. El concejal enjuto cargó con las facturas del alquiler de la supuesta casa regalada para demostrar a Barranco su limpia trayectoria política.

Se decidió a rendir cuentas ante Barranco cuando por los pasillos municipales se desparramaban historias sobre los negocios privados de su compañero Enrique Villoria, concejal de Madrid de toda la vida (se estrenó con el franquismo) y jefe de las obras municipales durante una década de poder popular.

Aquellos días previos a la confidencia de Molina, los concejales supieron, por los periódicos, que Villoria tenía un floreciente negocio de distribución de alimentos fundado en 1994 (cuando ya llevaba seis años de poder municipal). La empresa que presidía, Denver Europa, vendía sus productos a algunos contratistas municipales.

El alcalde, José María Álvarez del Manzano, consideró menos grave que su principal colaborador experto en túneles listos para inaugurar presidiese un negocio privado. Con sus frases exculpatorias -"no me preocupa que Villoria venda caramelos", declaró-, el regidor respaldó un modo de actuar en la administración pública que rozaba lo ilegal: la misma persona que adjudicaba contratos municipales a empresas privadas podía vender los productos de su negocio privado a esas mismas empresas sin que existiera el más mínimo control.

Álvarez del Manzano defendió con tanto entusiasmo a su concejal-empresario que Villoria dimitió sólo unos días después. Era el segundo alto cargo municipal que dejaba el Ayuntamiento. La defensa del alcalde quizá tuvo que ver con su propia experiencia. Álvarez del Manzano es, aunque nunca lo había contado, promotor inmobiliario en Majadahonda desde 1987, cuando compró el 5% de una inmobiliaria llamada Incoda y cuyos beneficios rozaron los 100 millones de pesetas el último año.

Un mes antes de la caída del superconcejal de Obras abandonó su puesto otro de los pilares de la gestión municipal: Pedro Areitio, ex jefe de servicio de Obras (1991-1995) y ex jefe de servicios de Tráfico y Circulación. Cesó Areitio por un accidente de tráfico: chocó a medianoche con otro vehículo que estaba aparcado en la carrera de San Jerónimo cuando conducía sin carné, ni seguro ni documentación del coche.

El alcalde perdía a uno de sus más esforzados y competentes colaboradores. Desde su despacho del área de Tráfico, Areitio se encargó de la defensa del caso Aravaca, unas recalificaciones de suelo junto al monte de El Pardo que le han costado al alcalde una querella de los vecinos admitida a trámite.

La respuesta municipal al informe de los peritos del caso Aravaca no se preparó en la concejalía de Urbanismo, como hubiera sido lógico, sino desde el despacho de Areitio por expreso deseo del alcalde. Areitio envió en varias ocasiones a EL PAÍS sus conclusiones sobre los errores de los peritos. Mientras, Urbanismo guardaba silencio. Un pequeño síntoma de un grave problema de entendimiento.

El equipo municipal estuvo siempre dividido porque nunca fue un equipo. A diferencia del Gobierno regional o nacional, donde los consejeros o ministros no deben ser obligatoriamente diputados y los elige el presidente, en el gobierno municipal el alcalde tiene que funcionar con los concejales que, en muchos casos, le imponen desde distintos despachos de poder del partido.

En la alineación titular del PP que gobernó la capital entre junio de 1995 y junio de 1999 hubo fieles al alcalde (pocos), amigos del alcalde (dos), ambiciosos por la alcaldía (algunos), "enchufados por Génova" (colocados por la dirección regional o nacional del PP) y veteranos cabreados por el desprecio de los que ahora mandan en el partido.

Con esos mimbres, Álvarez del Manzano tejió un cesto lleno de agujeros. Y eso que el partido le limpió el equipo de viejas guardias para evitar más pérdidas en un viaje de cuatro años. El PP manejó más de un billón de pesetas desde 1995 para gobernar en Madrid. El alcalde fracasó en alguno de sus empeños principales, además de concluir su segundo mandato consecutivo entre escándalos por el deficiente funcionamiento de los servicios municipales o de algún concejal.

Para ser más eficaces, los populares idearon fórmulas privatizadoras que fracasaron. La entrega de la gestión de los polideportivos a empresas privadas, que el PP presentó como una receta mágica para mejorar el funcionamiento de estas instalaciones ahorrando dinero, se paró ante los malos resultados.

Un palacio de hielo que iban a pagar los privados en Hortaleza, según la fórmula ideada por Villoria, lleva empantanado tres años y ha terminado en los tribunales de Justicia.

Eligió Álvarez del Manzano y su destacamento de privatizadores a una multinacional americana, EDS, para notificar las multas y recaudar más. La experiencia acabó en tragedia: falsificación de firmas, invención de testigos, incumplimiento de procedimientos administrativos...

La fórmula del PP para gobernar Madrid consistió en poner los asuntos públicos en manos privadas: los túneles salían gratis porque les regalaban aparcamientos a las constructoras; con el mobiliario urbano ganaban unos millones porque les prestaban a las empresas miles de metros de espacios publicitarios en las calles; la reforma de algunas plazas no costaba nada a cambio de gigantescas pancartas de publicidad...

Y si se paralizaban proyectos importantes por falta de dinero municipal o de interés privado (como el polideportivo siempre prometido y nunca hecho en los cuarteles de Daoíz y Velarde), nunca pasaba nada. Aunque no escatimaron ni una peseta para comprarle al Real Madrid, por 2.250 millones, terrenos que no necesitaban en el paseo de la Castellana.

Con los recursos de los particulares contra las multas municipales también se estrellaron. Un ciudadano tozudo demostró que habían falseado la firma de un policía municipal en su expediente y la chapuza emergió con una fuerza colosal, pese a que el PP negó al principio que se tratase de una práctica habitual en la administración que gestionaban. Son -aún los están contando- cientos o miles de expedientes en los que unos agentes municipales habían firmado por otros.

La eficacia en la ejecución del presupuesto se basó en dejar sin gastar miles de millones del capítulo de inversiones. Se hicieron menos cosas de las previstas, pero el concejal de Hacienda pudo presumir de cerrar sus cuentas con beneficios.

Con ese sistema y unos presupuestos siempre austeros, el PP consiguió controlar la deuda, desbocada desde que el fallecido alcalde Agustín Rodríguez Sahagún apostó por la veloz construcción de túneles subterráneos sin reparar en costes.

Durante los últimos cuatro años, Álvarez del Manzano no subió los impuestos. Para congelar la carga fiscal municipal, el alcalde tuvo que quitar de la concejalía de Hacienda a Fernando López Amor, un inspector fiscal que, cuando militaba en el CDS, investigó ilegalmente a un compañero de partido (el concejal Francisco Javier Soto) que había decidido apoyar al Gobierno socialista de Juan Barranco. Si ese compañero caía, López Amor, el siguiente en la lista, le sucedería como concejal. Soto no tenía manchas fiscales pero cayó. Y López Amor le sucedió. Pronto dejó el CDS para gobernar con el PP y subir el principal impuesto municipal en sus cuatro años de concejal de Hacienda más de un 30%. Siempre echaba la culpa del incremento a los ministros socialistas.

Tuvo que llegar Pedro Bujidos, un técnico amigo del alcalde para congelar los principales impuestos. A la oposición se le acabó el cargamento contra la presión fiscal del PP y el alcalde siguió presumiendo de ciudad barata, que lo es y mucho.

En los últimos cuatro años de Gobierno, varios de los principales valores municipales del PP (los concejales de Obras, Enrique Villoria, y de Policía Municipal y Tráfico, José Ignacio Echeverría; el director de servicios de Tráfico, Pedro Areitio; el gerente de la sociedad Campo de las Naciones, Pablo Población) han caído por una gestión llena de sobresaltos y desgracias (Echeverría-Areitio) o, directamente, por una administración de los bienes públicos favorable a intereses privados (Villoria-Población).

El gobierno municipal, que llegó al 13-J en situación de quiebra técnica, sale de las urnas con dos concejales y 200.000 votos menos, pero revalorizado por la tercera mayoría absoluta consecutiva en la ciudad más poblada de España. Álvarez del Manzano es, pese a la gestión y los escándalos, un valor firme y seguro.