PP e IU critican la fiscalización de de la Cámara de Cuentas al SAS
La oposición parlamentaria (Partido Popular e Izquierda Unida) criticó ayer la fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el estado contable del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El consejero mayor de la Cámara, Rafael Navas, informó en el Parlamento sobre la cuenta general de la comunidad autónoma de 1997, pero PP e IU centraron su intervención en la decisión de la Cámara de acordar el aplazamiento de pagos del SAS por 57.611 millones. La sesión se abrió con la aprobación de una propuesta de PP e IU para analizar, en una próxima convocatoria, los motivos por los que los dos consejeros propu...
La oposición parlamentaria (Partido Popular e Izquierda Unida) criticó ayer la fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el estado contable del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El consejero mayor de la Cámara, Rafael Navas, informó en el Parlamento sobre la cuenta general de la comunidad autónoma de 1997, pero PP e IU centraron su intervención en la decisión de la Cámara de acordar el aplazamiento de pagos del SAS por 57.611 millones. La sesión se abrió con la aprobación de una propuesta de PP e IU para analizar, en una próxima convocatoria, los motivos por los que los dos consejeros propuestos por los partidos de la oposición emitieron un voto particular contra la resolución del pasado 23 de febrero del pleno de la Cámara de Cuentas (formado por siete miembros) sobre la contabilidad del SAS. "Si se han maquillado las cuentas del SAS, no sé cual puede ser el grado de fidelidad del resto de las cuentas", justificó Concha Caballero, parlamentaria de IU. "El papel de la Cámara de Cuentas está en cuestión y, usted, por estar al frente, debe dimitir", pidió Caballero al consejero mayor de la Cámara, Rafael Navas. El representante del PP, Salvador Fuertes aseguró que el aplazamiento contable de operaciones del SAS (que cifró en 60.862 millones) y de gastos pendientes de aplicación de ejercicios anteriores (98.941 millones) elevaba el déficit no financiero de 1997 a "85.058 millones y no a 5.522 como dijo la Junta". Navas argumentó que el pleno decidió primar el principio de correlación entre los ingresos y gastos frente al de devengo (imputar los gastos cuando se realice la operación real, independientemente de su cobro).