La oposición acusa a Álvarez Cascos de bloquear la ley de víctimas del terrorismo

La proposición de ley de indemnización a las víctimas del terrorismo, la principal iniciativa ante el proceso de paz acordada entre el Gobierno y la oposición, está bloqueada en la Vicepresidencia Primera por la complejidad en el establecimiento de los baremos de las ayudas económicas a las víctimas. PSOE e IU denuncian la "ausencia de diálogo" por parte del Ejecutivo desde que el 9 de abril Francisco Álvarez Cascos anunciara la proposición de ley. Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE, y Rosa Aguilar, de IU, acusan al Gobierno de haber presentado un "proyecto inmaduro" por "razones propagandístic...

La proposición de ley de indemnización a las víctimas del terrorismo, la principal iniciativa ante el proceso de paz acordada entre el Gobierno y la oposición, está bloqueada en la Vicepresidencia Primera por la complejidad en el establecimiento de los baremos de las ayudas económicas a las víctimas. PSOE e IU denuncian la "ausencia de diálogo" por parte del Ejecutivo desde que el 9 de abril Francisco Álvarez Cascos anunciara la proposición de ley. Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE, y Rosa Aguilar, de IU, acusan al Gobierno de haber presentado un "proyecto inmaduro" por "razones propagandísticas". Ha incumplido, según ambos portavoces, lo que anunció en la presentación de la iniciativa: su inmediata tramitación.

Alfredo Pérez Rubalcaba y Rosa Aguilar manifestaron a este periódico que la pasada semana reclamaron al vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, los anexos económicos de la proposición de ley de indemnizaciones a las Víctimas del Terrorismo, sin que hasta el momento hayan conseguido ninguna respuesta. En la Vicepresidencia Primera respondieron a EL PAÍS que "no entrarán en este tipo de debates". Álvarez Cascos se comprometió, en su presentación tras el Consejo de Ministros del pasado 9 de abril, a una rápida tramitación parlamentaria de la iniciativa legal ya que, dijo, el consenso entre los grupos era "amplio". Ambos portavoces señalan que los anexos económicos, que la Vicepresidencia Primera tiene aún por resolver, son precisamente una "parte decisiva" de la proposición de ley en la medida que establecerán las indemnizaciones a las víctimas o sus familiares.

Tanto Pérez Rubalcaba como Aguilar coinciden en resaltar que la proposición de ley estaba "inmadura" cuando Álvarez Cascos la presentó. En su comparecencia del 9 de abril, el vicepresidente anunció que los familiares de las víctimas del terrorismo cobrarían 21 millones por cada persona fallecida. Pero también reconoció la "complejidad" para establecer los baremos de indemnizaciones en los diversos grados: gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial y lesiones permanentes no invalidantes.

PSOE e IU están convencidos de que el retraso obedece a las "dificultades técnicas" del Gobierno para establecer esos baremos, que conllevan un estudio exhaustivo de todas las sentencias judiciales. Estiman que la decisión de Álvarez Cascos de anunciar la proposición de ley el pasado día 9 "de manera precipitada" obedecía a una doble razón política. Por un lado, "propagandística" y, por otro, a la pretensión gubernamental de neutralizar las críticas de "inmovilismo" que le dirigió el Pacto de Lizarra y que trató de materializar en un paro de una hora el 12 de abril, saldado con un fracaso.

Tanto PSOE como IU mostraron ayer su "gran malestar" por la "unilateralidad" del Ejecutivo en la presentación de la iniciativa, ya que la proposición de ley es una medida conjunta de todos los partidos, así como por la "ausencia total de diálogo" desde que la presentó Álvarez Cascos. "Parece como si una vez conseguido el efecto mediático, diera todo igual", dijo Ru-balcaba.

El portavoz socialista añadió que es necesaria una nueva ronda del Gobierno con los partidos para establecer los baremos y para precisar algunos aspectos de la ley. En cuanto a las indemnizaciones, los socialistas pretenden que sean más altas, para compensar la discriminación que "se produce en las pensiones". La ley de 1985 las aumenta considerablemente respecto a etapas anteriores. También pretenden que recoja medidas que expresen "el reconocimiento moral de las víctimas del terrorismo" y que están "ausentes" en el borrador que presentó Cascos. Serían medidas simbólicas -como condecoraciones para las víctimas civiles- o facilidades educativas para familiares.

IU, por su parte, trata de que la ampliación de la ley también beneficie a fallecidos durante cargas policiales en manifestaciones y que su aplicación se inicie en 1976 y que no tenga fecha límite.