El fiscal pide hasta 5 años de cárcel para 15 acusados de pederastia
Quince vecinos de varias localidades de La Ribera, todos ellos adultos y sin antecedentes penales, se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia de Valencia acusados de uno o varios delitos de corrupción de menores o prostitución. Según el fiscal, que solicita penas de hasta cinco años de cárcel, organizaron o disfrutaron de contactos homosexuales con menores. Según ellos, los cargos son producto de un montaje.
Los ocho acusados que ayer prestaron declaración negaron todos y cada uno de los cargos que se les imputan, denunciaron la existencia de la trama y las falsas denuncias que le...
Quince vecinos de varias localidades de La Ribera, todos ellos adultos y sin antecedentes penales, se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia de Valencia acusados de uno o varios delitos de corrupción de menores o prostitución. Según el fiscal, que solicita penas de hasta cinco años de cárcel, organizaron o disfrutaron de contactos homosexuales con menores. Según ellos, los cargos son producto de un montaje.
Los ocho acusados que ayer prestaron declaración negaron todos y cada uno de los cargos que se les imputan, denunciaron la existencia de la trama y las falsas denuncias que les han llevado hasta el tribunal y, en algunos casos, justificaron sus anteriores declaraciones, autoinculpatorias, denunciando las presiones que la Guardia Civil ejerció sobre ellos. "Soy homosexual, pero nunca me he acostado con menores", aseguraron varios de los inculpados a preguntas del fiscal encargado del caso, Carlos Almela. Éste no opina lo mismo: el ministerio público solicita un castigo de entre siete meses y cinco años de prisión para los encausados, que supuestamente organizaron o utilizaron una red de prostitución de varones menores que operaba en bares de Sueca (Heidi) o Cullera (Rita). Según el fiscal, los propietarios de estos dos establecimientos contactaban con los adolescentes, cuyos servicios fueron posteriormente utilizados por los encausados entre 1989 y enero de 1990. La acusación pública sostiene que, a cambio de cantidades de dinero no concretadas u oscilantes entre las 500 y las 3.000 pesetas, los acusados sostuvieron prácticas sexuales diversas con los jóvenes, todos menores de 18 años. Los encuentros tuvieron lugar, siempre según el fiscal, en domicilios particulares, en campos de la comarca o en alguna de las cuatro habitaciones que para tal efecto estaban preparadas en el bar Rita. El propietario de ese establecimiento, Arturo S. A., negó los cargos. Según su testimonio, los dormitorios únicamente eran utilizados por el personal del bar, que era frecuentado por todo tipo de gente -no sólo homosexuales- a pesar de que se ofrecían espectáculos de variedades protagonizados, preferentemente, por transformistas. "El alcalde y el cura" también acudieron en alguna ocasión al local, dijo Arturo S. A., que calificó las actuaciones de "divertidas y desenfadadas" y negó, sin lugar a dudas, cualquier intermediación entre los jóvenes y sus supuestos clientes. Los abogados de los 15 acusados -uno de los cuales está siendo juzgado por amenazar al adolescente que denunció la red- pidieron la suspensión del proceso por las supuestas amenazas de la Guardia Civil durante la investigación del caso o la dilación de la misma, iniciada en 1990, hace ya más de nueve años.