El propietario de Leche Pascual se enfrenta a la querella de un ex socio
El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) ha admitido a trámite una querella criminal contra Tomás Pascual, propietario de Leche Pascual, y su hijo Tomás Pascual Gómez-Cuétara por un "supuesto delito de hurto", según el auto de admisión de la querella. La demanda fue presentada por Ricardo Arranz, su antiguo socio, contra quien libra una batalla legal tras 16 años de colaboración.
El auto de admisión de la querella contra Pascual pide la práctica de diligencias, ya que se desprende "la posible existencia de unos hechos que pudieran revestir caracteres de delito", según el ...
El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) ha admitido a trámite una querella criminal contra Tomás Pascual, propietario de Leche Pascual, y su hijo Tomás Pascual Gómez-Cuétara por un "supuesto delito de hurto", según el auto de admisión de la querella. La demanda fue presentada por Ricardo Arranz, su antiguo socio, contra quien libra una batalla legal tras 16 años de colaboración.
El auto de admisión de la querella contra Pascual pide la práctica de diligencias, ya que se desprende "la posible existencia de unos hechos que pudieran revestir caracteres de delito", según el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Antonio Ruiz Villén.El supuesto delito de hurto se refiere al contencioso que mantienen los antiguos socios en la empresa Escuela Internacional de Golf La Quinta, de Marbella, propiedad al 50% de la familia Pascual y Ricardo Arranz, presidente de la Asociación Nacional de Urbanizadores y Turismo Residencial.
Pascual y Arranz fueron socios del grupo inmobiliario AR&P, establecido en la Costa del Sol y Canarias, y tras la disolución de dicha sociedad se firmó un contrato de promesa de permuta de acciones por activos inmobiliarios por el que separaban sus negocios, origen del conflicto entre ambos.
Tras la presentación de Ricardo Arranz de una demanda por incumplimiento de contrato, a partir del 1 de octubre de 1998 el Juzgado número 56 de Madrid envió una serie de requerimientos a los Registros de la Propiedad de diversas localidades de Málaga y Canarias con "anotaciones preventivas de demanda" a todo el grupo inmobiliario de Pascual, tanto en la Costa del Sol como en Canarias, según comprobó Efe.
A pesar de ello, el 30 de octubre de 1998, Pascual anunció unas inversiones de 30.000 millones de pesetas en proyectos inmobiliarios en las parcelas y fincas de las localidades malagueñas de Marbella, Istán, Benahavís y Estepona sobre las que pesaban las "anotaciones preventivas de demanda".