Nacionalistas vascos e IU critican con virulencia la medida de gracia

La concesión del indulto parcial a los condenados por el caso Marey, y en particular a José Barrionuevo y Rafael Vera, fue recibida ayer con virulentas críticas por parte de las fuerzas nacionalistas vascas y de Izquierda Unida, mientras que el PP, CiU y Coalición Canaria le daban su respaldo. "No estamos en un Estado de derecho", dijo el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti. HB, cuya antigua Mesa Nacional lleva un año en prisión, difundió un comunicado en el que califica la medida de "vergonzosa e inaceptable".

Herri Batasuna acusó "al Estado español" de tener "dos varas d...

La concesión del indulto parcial a los condenados por el caso Marey, y en particular a José Barrionuevo y Rafael Vera, fue recibida ayer con virulentas críticas por parte de las fuerzas nacionalistas vascas y de Izquierda Unida, mientras que el PP, CiU y Coalición Canaria le daban su respaldo. "No estamos en un Estado de derecho", dijo el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti. HB, cuya antigua Mesa Nacional lleva un año en prisión, difundió un comunicado en el que califica la medida de "vergonzosa e inaceptable".

Herri Batasuna acusó "al Estado español" de tener "dos varas de medir" por excarcelar a los condenados por la guerra sucia tres meses después de su ingreso en prisión, mientras mantiene entre rejas a sus ex dirigentes por difundir un vídeo de ETA. Pero no fue la coalición radical la única que comparó la situación de la antigua cúpula de Interior con la de la Mesa Nacional de HB.La senadora de Eusko Alkartasuna Inmaculada Boneta habló de "agravio comparativo" y pidió al Gobierno que adopte una medida similar con los ex dirigentes batasunos, condenados por delitos "menos graves" que el secuestro de Segundo Marey. Mientras llega el indulto, agregó, "lo más justo" es que disfruten de "un permiso provisional" para que pasen la Navidad en casa.

En términos mucho más duros se manifestó el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, para quien lo sucedido es "escandaloso". Tras asegurar tener constancia de que "el Gobierno ha activado decisiones de la Justicia", agregó que "sólo falta que nos digan el día que van a condecorar a Barrionuevo y Vera".

Afirmó que el nacionalismo vasco "siente una gran frustración y una sensación de impotencia" y que "cada vez se convierte más en separatismo". "No estamos en un Estado de derecho, esto es otra cosa", concluyó. La asociación pacifista Elkarri aseguró que "la ley no es igual para todos" e invitó al Ejecutivo a "equilibrar" su política penitenciaria dando la libertad condicional a los etarras que han cumplido ya la tres cuartas partes de su condena. En términos similares se pronunció la asociación de familiares de presos de ETA Senideak.

A los nacionalistas vascos se sumó IU, cuyo coordinador en el País Vasco, Javier Madrazo, dijo que "Barrionuevo y Vera han recibido un trato inadmisible en un Estado de derecho" y que el indulto es fruto de "un pacto de hierro entre el PP y el PSOE para cerrar en falso el caso GAL".

Julio Anguita, que ofreció una conferencia de prensa en Córdoba antes de que se conociera la decisión del Consejo de Ministros, se limitó a recordar que uno de los requisitos que se exigen para obtener una medida de gracia es el arrepentimiento y ni Barrionuevo ni Vera han dado muestras de haberse arrepentido.

Por el contrario, el portavoz de CiU en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Manuel Silva, recordó que su grupo siempre ha sido partidario de "pasar página" en el tema del GAL sin "desligitimar" a los tribunales y que la decisión del Gobierno supone "un punto medio" entre los que pedían un indulto total y quienes rechazaban toda generosidad.

Luis Mardones, diputado de Coalición Canaria, aseguró que "no ha habido trato de favor hacia Barrionuevo y Vera, sino una justa benevolencia". Diego López Garrido, del Partido Democrático de la Nueva Izquierda, calificó la medida de "razonable".

Ignacio Gil Lázaro, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, inscribió la decisión del Gobierno en "la normalidad de los procedimientos establecidos en nuestro Estado de derecho" y agregó que "cualquier polémica que se quiera instrumentar a propósito de esta decisión resultará de todo punto interesada y carente de base y de razón".