Olivas aplaza el compromiso de inversiones en Benicàssim que permitió modificar el PGOU

Castellón / Valencia El consejero de Economía y presidente del consejo de administración de la sociedad pública Castelló Cultural, José Luis Olivas, aplazó ayer su compromiso de incluir a la ciudad de Benicàssim dentro del proyecto cultural. "Se tratará cuando yo decida", espetó Olivas. El compromiso por escrito del consejero de avalar nuevas inversiones permitió al PP de Benicàssim lograr los votos que le faltaban para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Con la modificación, el consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, logra una mejor calificación para sus terrenos.

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Castellón / Valencia El consejero de Economía y presidente del consejo de administración de la sociedad pública Castelló Cultural, José Luis Olivas, aplazó ayer su compromiso de incluir a la ciudad de Benicàssim dentro del proyecto cultural. "Se tratará cuando yo decida", espetó Olivas. El compromiso por escrito del consejero de avalar nuevas inversiones permitió al PP de Benicàssim lograr los votos que le faltaban para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Con la modificación, el consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, logra una mejor calificación para sus terrenos.

El consejero de Economía argumentó que la recalificación de los terrenos propiedad del consejero Farnós "era un tema menor". Sin embargo, el máximo responsable de Castelló Cultural, sí quiso decir que "a propuesta de un consejero", no dijo quién, el consejo de administración había ratificado las actuaciones llevadas a cabo por él mismo, en referencia al escrito enviado al Ayuntamiento de Benicàssim el mismo día que había de aprobarse la modificación del PGOU. En ese texto, dirigido al alcalde, se decía: "me es grato comunicarle que en una próxima reunión del Consejo de Administración" se propondrá la inclusión del proyecto de construcción de un aulario para convenciones y congresos en Benicàssim. Olivas realizó estas declaraciones unos minutos después de finalizar la reunión. Entre la conclusión de la misma y la rueda de prensa que tuvo lugar posteriormente, varios de los consejeros de Castelló Cultural abandonaron la sala para que sus compañeros con cargos públicos debatieran durante unos minutos "temas de partido", según señaló uno de los consejeros que se ausentaron. Por su parte, el diputado nacional de Nova Esquerra, Ricardo Peralta, anunció que ha presentado una pregunta a la Mesa del Congreso de los diputados sobre las "circunstancias que han rodeado la comunicación escrita del subdelegado del Gobierno en Castellón al alcalde del Ayuntamiento de Benicàssim". El texto al que se refiere Peralta es el que, firmado por Sánchez Peral y unido al de Olivas, propició la aprobación de la modificación del PGOU. Peralta pregunta además "qué reuniones y qué entidades o personas han participado en las mismas, y cuáles se han celebrado con resposanbles de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente para concretar las actuaciones de dichos ministerios que anuncia el subdelegado del Gobierno en su comunicación". El diputado de NE, que califica los escritos de "determinantes", ha solicitado información sobre el estado en el que se encuentran los proyectos y "qué previsiones presupuestarias y temporales se tiene en relación con las mismas". Recalificación denegada Además de esta pregunta, Peralta ha solicitado la comparecencia del ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, y de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, en las comisiones de sus departamentos. La petición es para que ambos informen "con detalle" de los planes de sus ministerios sobre los proyectos enumerados por el subdelegado del Gobierno en Castellón. El TSJ ya se opuso en una sentencia de julio de 1997 a la recalificación urbanística de la parcela "en la que se encuentra el edificio del Centro de Termalismo" de Benicàssim, propiedad de la familia de Farnós. En su decisión, el tribunal da la razón a la Consejería de Obras Públicas, que calificó esos terrenos como de "servicio público" en ejercicio de la capacidad reguladora que la ley confiere a la Administración. El tribunal, en contra de los criterios del recurrente, considera "razonable" y justificado" que esa parcela pueda ser dedicada a fines "de carácter público-social".